La Generalitat pone en marcha la ruptura y desafía al Tribunal Constitucional

Junts pel Sí y la CUP ignoran al Parlament y mantienen las ponencias soberanistas

Mientras España sigue con un Gobierno en funciones, el Ejecutivo de Carles Puigdemont despliega con más discreción que Artur Mas la hoja de ruta soberanista.

Mientras España sigue con un Gobierno en funciones, el Ejecutivo de Carles Puigdemont despliega con más discreción que Artur Mas la hoja de ruta soberanista. Aunque el Tribunal Constitucional ha suspendido las competencias en acción exterior de Raül Romeva, el conseller recibió ayer junto a Puigdemont al presidente de los liberales europeos, el holandés Hans van Baalen, en el Palau de la Generalitat. Hace tres años, Van Baalen, entonces presidente de la Internacional Liberal, pidió en un acto en Barcelona a Mariano Rajoy que aceptara un referéndum en Cataluña. CDC vende que los liberales europeos apoyan el derecho a decidir, aunque en su grupo en el Parlamento Europeo también hay diputados de Ciudadanos.

Puigdemont está teniendo una intensa actividad diplomática. Hace dos semanas ofreció una recepción a los cónsules de Barcelona, a quienes pidió que pregunten a la Generalitat cualquier duda que tengan acerca del proceso. La semana pasada recibió a los embajadores de Eslovaquia y Suiza. Y ayer, después de Van Baalen, al de Canadá.

Por otro lado, hoy en el Parlament, Junts pel Sí y la CUP apoyarán en la reunión de la mesa que las tres leyes de desconexión del Estado –Transitoriedad Jurídica, Hacienda Pública y Seguridad Social– se desarrollen vía ponencia conjunta con el resto de grupos parlamentarios. Ignoran así el informe de los letrados de la Cámara catalana que lo desaconsejaba porque el resto de grupos lo rechazan. En su reunión de coordinación semanal, JxSí y la CUP acordaron el documento que presentarán hoy a la mesa, donde justifican su decisión de seguir adelante con esta fórmula, cuestionada por los juristas que alertaban de que, si en las ponencias no participa el resto de grupos, puede considerarse un «acto arbitrario». Los soberanistas argumentan que se quiere limitar la ponencia conjunta «presumiendo un resultado final determinado» y que en cualquier ponencia legislativa la finalidad es «elaborar el texto de la proposición sin premisas». En una suerte de contrainforme, recriminan a los servicios jurídicos que en su texto se prejuzgan las materias a tratar en las tres ponencias que «no corresponden al desarrollo básico del Estatut». Argumentan también que el artículo 126 del Reglamento del Parlament, que regula la creación de ponencias parlamentarias conjuntas, en las últimas legislaturas «ha sido interpretado de forma amplia y extensiva», sin que jamás haya sido motivo de «controversia». Y recrimina a la mesa que, «en caso de duda, no puede prejuzgar la adeciación por el procedimiento de ponencia redactora».

La ponencia seguirá adelante porque JxSí tiene mayoría en la mesa, pese a que podría vulnerar la sentencia del TC sobre la declaración rupturista del 9-N.