La Abogacía del Estado pide imputar a votantes del 1-O por formar “una masa tumultuaria”

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La Abogacía del Estado ha pedido que se impute a activistas heridos el 1-O al considerar que integraron una “masa tumultuaria” para impedir la retirada de urnas y ha advertido de que solo quedarían eximidos si acreditan que la Generalitat les “engañó” para que creyeran que ejercían su derecho a voto.

En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, la Abogacía del Estado se suma al recurso interpuesto ante la Audiencia de Barcelona por el Sindicato Profesional de la Policía y solicita que ordene al juez de Barcelona que investiga las cargas del 1-O que impute a unos cuarenta votantes que denunciaron haber sufrido lesiones.

El titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona acordó el pasado 5 de febrero desestimar la imputación de estos heridos, alegando que la justicia no había prohibido a los ciudadanos acudir a los puntos de votación y que atribuirles un delito de resistencia supondría “trasladarles las responsabilidades del fracaso de las instituciones públicas en este tema”.

La Abogacía del Estado señala por contra que las personas que se integraron en la “masa tumultuaria” en la Escola Prosperitat de Barcelona para impedir la actuación de la Policía Nacional no se limitaron a una resistencia pasiva, sino que podrían haber cometido los delitos de resistencia, desobediencia grave, intimidación, desórdenes públicos y atentado a la autoridad.

Lo único que les podría eximir de responsabilidad penal, apunta el escrito, es que los afectados demuestren que “creían tener el derecho a obstaculizar la actuación policial” porque los poderes públicos autonómicos les hicieron incurrir en el “error invencible” de que defendían su derecho a voto y que actuaban legalmente.

En este supuesto, la Abogacía entiende, según el escrito, avanzado por eldiario.es, que la responsabilidad por las lesiones sufridas por estos votantes en las cargas sería “enteramente imputable” a la administración autonómica y no a la Policía.

“Sabiendo que la votación estaba prohibida, que había orden de retirar las urnas y que se iban a retirar por la policía, le habrían engañado para hacerle creer que era su derecho impedir la actuación policial, y por consiguiente exponiéndole a lesiones seguras y haciéndole incurrir en una conducta delictiva”, argumenta.

Sobre las lesiones sufridas por los “obstruccionistas”, la Abogacía del Estado considera que se trataría de un caso de “autoría del poder público autonómico, por creación de una situación de peligro, como quien envía a otro a un lugar en el que seguro que va a sufrir un daño”.

Para la Abogacía del Estado, hubo una “irresponsable” actuación de los poderes públicos autonómicos y otras instituciones que, “de forma concertada y con reparto de funciones delictiva, incumplieron la Constitución y el Estatuto e invitaron a las masas a la actuación tumultuaria para conseguir sus fines de ruptura constitucional”.

Si alguno de los votantes alega que creía tener derecho a obstaculizar la actuación policial, para ser eximido tendría que acreditar que la invitación de los poderes públicos autonómicos a defender su derecho al voto “no sólo le espoleó al incumplimiento de las leyes, sino que además le hizo incurrir en error invencible sobre la ilicitud del hecho delictivo”, subraya el escrito.

La Abogacía del Estado admite que si “hipotéticamente” resultara acreditado el “inverosímil supuesto” de que algún ciudadano incurrió en un “error invencible” porque la Generalitat le hizo creer que su actuación de oponerse a la actuación de la Policía era lícita, podría aceptarse su exclusión de responsabilidad “en el tumulto”.

En ese caso, señala que en lugar de compartirse la responsabilidad entre el votante y los poderes públicos autonómicos, esta recaería “exclusivamente” en la administración autonómica.

Por contra, la Fiscalía ha pedido a la Audiencia que mantenga la firmeza de la resolución del juez de instrucción de no imputar a los activistas, ya que cree que el hecho de que denunciaran a la Policía por las lesiones sufridas el 1-O no acredita que cometieran un delito de resistencia o desobediencia grave.

En la misma línea, el Ayuntamiento de Barcelona, que ejerce la acusación popular en la causa -en la que hay imputados una cuarentena de agentes-, rechaza la pretensión de la Abogacía del Estado, a la que recrimina que pida imputar “únicamente” a los activistas que denunciaron “extralimitaciones policiales”.

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Jaume Asens ha pedido al Gobierno que deje de “torpedear” la investigación del juez de Barcelona, ya que “las víctimas del 1-O merecen justicia y reparación, no persecución”.