La Fiscalía acusa a 20 «Casuals» de agresiones, extorsión y narcotráfico

La Audiencia de Barcelona acogió ayer la primera sesión del juicio contra 20 integrantes de los «Casuals», la facción más radical de los «Boixos Nois», seguidores ultra del FC Barcelona. Están acusados de los delitos de extorsión en discotecas, dar palizas por encargo y traficar con drogas, entre otros.

Las defensas de los «Casuals» pidieron la nulidad de todas las pruebas que se han presentado contra sus clientes, al considerar que las intervenciones telefónicas, registros e interrogatorios a los acusados incumplen los protocolos establecidos.

Los abogados de los «Casuals» pidieron la anulación de estas actuaciones porque consideraron que se vulneraron los derechos de los acusados. Por su parte, la Fiscalía pide 119 años de cárcel para estos radicales del Barça por su «frenética actuación criminal».

La fiscal aseguró que los acusados crearon una «poderosa estructura de funcionamiento» con la que se lucraron a través del tráfico de drogas, la extorsión a locales de ocio nocturno y la ejecución por encargo de agresiones a terceros. Insistió la fiscal en que los acusados actuaron de forma «profesionalizada», practicando un «fanatismo violento» alrededor del equipo azulgrana, incluyendo la exhibición de símbolos nazis.

Gran capital

Siempre según la versión de la Fiscalía, la banda de los «Casuals» obtuvo un capital de unos 200.000 euros, gracias al tráfico de drogas y también por la venta de armas. El principal acusado es el histórico líder de los «Casuals», Ricardo M.L., más conocido como Lucho. Está acusado de asociación ilícita para delinquir, tenencia ilícita de armas, contra la salud pública, intento de asesinato, contra la administración de justicia, lesiones, robo con violencia e intimidación, entre otros.

Entre los encausados también figuran Antonio T.A., Antoñito, implicado en las amenazas de muerte al ex presidente del Barça Joan Laporta, para quien la fiscal pide 33 años, y Efrén S.S., alias Costi, que en 2009 fue condenado a dos años de cárcel por la paliza racista que los jugadores del Bada–Bing, del que era presidente-jugador, propinaron a sus rivales en un partido de tercera división, y que se enfrenta a una petición de 48 años.

Según argumentó la fiscal, los acusados, además de dedicarse al tráfico de drogas, desplegaron «innumerables acciones, siempre gratuitas, indiscriminadas y violentas en los ambientes del hampa y en el mundo del ocio nocturno de Barcelona» para lucrarse y para delinquir.