La Fiscalía denuncia a sólo seis de los 70 que investigó el 1-O

Entre los denunciados por la Fiscalía figuran el alcalde de Agramunt (Lleida) y diputado de ERC en el Parlament, Bernat Solé, y los ediles de Collbató (Barcelona), Molins de Rei (Barcelona), La Bisbal d’Empordà (Girona) y Castelló d’Empúries (Girona)

El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, presentó ayer en una comisión en el Parlament la Memoria Anual del Ministerio Público de 2017, precisamente un año muy convulso, debido al referéndum ilegal del 1–O, la supuesta declaración de independencia y otros episodios.

En su comparecencia, Bañeres detalló que la investigación que abrió la Fiscalía a más de 70 ayuntamientos en vísperas de la citada consulta ilegal, finalmente se ha limitado a unas seis denuncias contra alcaldes que «tuvieron una participación activa» en la organización de esta consulta, más allá de la mera «adhesión política».

La investigación por el respaldo de los ayuntamientos al referéndum ilegal comenzó por una instrucción que, en vísperas de esta consulta, dictó entonces el fiscal general del Estado, José Manuel Maza,en la que adjuntaba un listado de más de 700 alcaldes que, según la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), habían firmado decretos para apoyar la votación.

Preguntado por JxCat, ERC y CUP, Bañeres explicó que, tras la orden de Maza, se incoaron diligencias contra una setentena de alcaldes, y después hubo un «debate entre los fiscales provinciales», e incluso con la Fiscalía General, sobre dónde estaba el límite entre la adhesión ideológica y la actuación supuestamente delictiva. Por ello, solo consideraron que debían presentarse querellas contra los alcaldes que presuntamente tuvieron una colaboración activa en actos de preparación o ejecución del 1–O, por lo que, de las diligencias incoadas a los más de 70 alcaldes, solo presentaron seis querellas por supuesta desobediencia.

Sobre por qué la Fiscalía no investigó de oficio las lesiones a ciudadanos el 1–O, Bañeres recordó que este tipo de delitos leves requieren de una denuncia por parte del ofendido y el fiscal no puede actuar de oficio. En cualquier caso, aseguró que la Fiscalía actuará «con rigor» en los procedimientos iniciados en los juzgados catalanes por presuntos excesos en las actuaciones policiales.

Además, destacó que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que actuaron el 1–O lo hicieron «al amparo de un auto judicial» del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para impedir su celebración, y que no fue una actuación gratuita.

Bañeres respondió así a intervenciones de Eusebi Campdepadrós (JxCat), Jordi Orobitg (ERC) y Vidal Aragonés (CUP), que, más allá del contenido de la memoria fiscal, preguntó por el papel de la Fiscalía en el 1–O.