La Generalitat quiere limitar el precio de los alquileres y alargar su duración

Prepara una reforma del Código Civil de cara a finales de 2019 para que los contratos vayan de seis a diez años.

La Generalitat se ha propuesto abordar la preocupante situación del mercado del alquiler, uno de los grandes problemas de las ciudades, especialmente de Barcelona, y prepara una reforma legal para limitar su precio y alargar la duración de los contratos. En concreto, se trabaja con un mínimo de seis y un máximo de diez años de compromiso del arrendador frente a los tres actuales. El objetivo es tratar de pinchar una burbuja ocasionada por la proliferación de apartamentos turísticos y el aumento de la oferta.

«No puede ser que los vecinos se vean obligados a abandonar su casa» porque «reciben muchísimas presiones dirigidas desde fondos de inversión que compran bloques enteros de pisos para convertirlos en viviendas de lujo o destinarlos al turismo», denunció ayer la consellera de Justicia, Ester Capella, la encargada de desvelar una de las medidas estrella de la presente legislatura que podría aprobarse en el Parlament a finales de este año.

Para lograr regular el mercado del alquiler, la Generalitat plantea un proyecto de ley que reforme el Código Civil, la norma de aplicación principal en Cataluña y cuya completencia es exclusiva.

El proyecto de ley prevé limitar el precio de los arrendamientos en el conjunto de toda Cataluña, que han crecido un 29% en los últimos cinco años, aunque aún se estudia cómo hacerlo. De hecho, Capella no precisó cantidades y serán los departamentos de Territorio y Sostenibilidad y de Economía los que especifiquen «de qué forma se articula» la limitación de los precios. Una opción será a través de la regulación de los índices de precios, mientras que también se contempla dotar a los ayuntamientos de autonomía para que sean éstos los que establezcan un límite al valor de los alquileres en su municipio.

En el caso de la duración de los contratos, la Generalitat trabaja con un periodo de entre seis y diez años, con el mínimo para arrendadores particulares y el máximo para pisos o casas que pertenezcan a sociedades mercantiles. Así, las empresas podrían estar obligadas a alquilar por más tiempo que los particulares para evitar que se disparen los precios.

De concretarse, la nueva ley incluirá también un paquete de medidas con el fin de que el alquiler de inmuebles se lleve a cabo con «mejores garantías», tanto para los arrendatarios como para los propietarios.

De acuerdo con Incàsol, el valor de los arrendamientos se ha disparado especialmente en Barcelona, donde el alquiler medio de un piso de 72 metros cuadrados llega a los 949 euros, un 38% más que cinco años atrás.

La norma que plantea el Govern va mucho más allá del decreto aprobado por el Ejecutivo de Sánchez, que alarga hasta los cinco años la duración mínima pero no incluye ninguna medida para fijar los precios de los contratos.