La oposición tumba el decreto del alquiler y pone en evidencia la debilidad del Govern

Todos los grupos votan en contra de una medida que aspiraba a regular el precio de los arrendamientos

Nuevo revés para el Govern. El gobierno catalán ha vuelto a dar muestras de su debilidad en el Parlament tras perder una votación de alta sensibilidad, como es el decreto para la regulación de los precios del alquiler. La norma, que se aprobó a solo seis días de las elecciones municipales, lo que desató una importante controversia, no ha cosechado esta mañana los respaldos necesarios para su convalidación: C's, PSC, comunes, CUP y PP han unido sus votos para rechazarlo. Una derrota, por tanto, estrepitosa que vuelve a reflejar la falta de apoyos del Govern, cada vez más condenado a convocar elecciones.

La iniciativa pretendía poner límite a áreas que declaren atesorar un mercado de vivienda tenso. En esas zonas, el precio del alquiler no podría superar el 10 por ciento del índice de referencia de precios de alquiler. En el caso de las viviendas que hayan sido recientemente reformadas, el precio del alquiler podría ser de hasta un 20 por ciento superior durante los cinco años siguientes.

El índice de referencia es, de hecho, prácticamente el punto que ha determinado el signo del voto de la CUP y los comunes, los potenciales aliados para que la medida prosperara. Ambos partidos han considerado que no se puede usar un índice de referencia que se elabora a partir de los precios de mercado –se calcula a partir de variables como la ubicación, la superficie, la eficiencia energética o la antigüedad–. En este sentido, por ejemplo, la diputada de los comunes, Susanna Segovia, ha asegurado que hay personas que cuando acceden al propio índice, comprueban que «están pagando menos de lo que aparece que deberían de pagar». La diputada de la CUP, Maria Sirvent, por su parte, también ha desvelado todas las carencias que, a su juicio, alberga el decreto: no regula un régimen sancionador, no contempla ninguna facultad inspectora ni persigue a los propietarios, ni tampoco acompaña al inquilino en un proceso de reclamación, que debe afrontarlo solo. Los comunes y la CUP también se han alineado para reprochar las formas con las que el Govern ha pretendido impulsar la medida, de «espaldas a los movimientos sociales», entre otros, del influyente Sindicato de Llogaters, que se ha mostrado muy crítico.

Por su lado, C's, PSC y PP se han alineado en remarcar que la medida desborda el ámbito competencial autonómico. El partido naranja, asimismo, ha equiparado a Quim Torra y Pedro Sánchez, a quienes ha acusado de «disimular su desgobierno a base de decretazos y vivir a base de titulares». Los socialistas también han planteado sus críticas al contenido del decreto, por la falta de fiabilidad del índice y por que no prevé sanciones. Los populares han juzgado que la medida choca con «la realidad jurídica y económica».