El desafío independentista

La preocupación de los catalanes por la cuestión soberanista se dispara

En 2011, las relaciones España-Cataluña eran un problema para un 10% de la población, ahora ya es la segunda preocupación (25%) por detrás del paro.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras (2d), la consellera de Presidencia, Neus Munté (2i), y el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras (2d), la consellera de Presidencia, Neus Munté (2i), y el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva.larazon

En 2011, las relaciones España-Cataluña eran un problema para un 10% de la población, ahora ya es la segunda preocupación (25%) por detrás del paro.

El paro y la precariedad laboral se mantienen como el principal problema para los catalanes, aunque con mucha menor intensidad respecto a 2011, pasando de un 67% a un 32,9%, mientras que crece la preocupación sobre la cuestión soberanista, que se sitúa en segunda posición con un 25%.

Así se apunta en la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat sobre Percepción de las políticas públicas y valoración del Govern, realizada entre 1.700 personas entre el 10 de noviembre y el 19 de diciembre del año pasado.

Preguntados sobre cuáles son los tres principales problemas que tiene actualmente Cataluña, las preocupaciones más relevantes para los catalanes son el paro y la precariedad laboral (32,9%), las relaciones Cataluña-España (25%) y la insatisfacción hacia la política y los políticos (23,3%), en el caso de ésta última, con casi la mitad de respuestas relacionadas con la corrupción.

Les seguirían el mejorar las políticas sociales (15,2%), el funcionamiento de la economía (15%), la educación, cultura e investigación (14,8%) y la sanidad (14,3%), teniendo en cuenta que cada encuestado podía identificar hasta tres problemas.

Pero comparando estos resultados con la anterior encuesta de este tipo en 2011, en uno de los momentos más duros de la crisis económica, entonces el paro y la precaridad laboral también eran el principal problema, pero lo era para el doble de ciudadanos que ahora (67,2%), seguido además del funcionamiento de la economía (36,3%) y la sanidad (25,6%); en cambio, que la crisis de identidad catalana (10,9%) y el nuevo Estatut y el autogobierno (3,6%) estaban por debajo de las cifras actuales.

Aprueban con un 5,5 a Govern de JxSí

Por otra parte, los catalanes aprueban con un 5,5 la gestión del actual Govern de Junts pel Sí y la mayoría de ellos rechazan la posibilidad de una subida de impuestos, según la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat sobre Percepción de las políticas públicas y valoración del Govern.

Realizada entre 1.700 personas entre el 10 de noviembre y el 19 de diciembre del año pasado, la encuesta detalla que un 72,2 % de los catalanes aprueban al actual ejecutivo de Carles Puigdemont, frente al 65,1 % que lo hacía en octubre de 2011, cuando la CiU de Artur Mas estaba al frente de la Generalitat.

Pero si entonces la nota al Govern era de un 4,96, ahora los catalanes aprueban con un 5,5 la gestión del ejecutivo; por votantes, solo los de Junts pel Sí aprueban con buena nota al Govern (6,65), mientras que el resto de la oposición le suspende, incluidos los votantes de la CUP (4,84).

Precisamente en plena negociación presupuestaria entre la CUP y JxSí, con la fiscalidad como uno de los principales escollos, la mayoría de catalanes se muestran en contra de subir impuestos, ya que un 56,2 % están muy o bastante de acuerdo en mantener los actuales impuestos para ofrecer los mismos servicios, y un 14,9 % aboga por bajar impuestos aunque sea en detrimento de la calidad de los servicios, frente a un tercio de ciudadanos que prefieren más impuestos para mejorar los servicios públicos.

Por otro lado, sobre qué recortes los catalanes no admitirían en ningún caso, se sitúan como principales respuestas la atención sanitaria (72,9 %), las pensiones (40,4 %) o las becas de educación (19,3 %), mientras que sí estarían dispuestos a aceptar recortes en viviendas de protección oficial (34,5 %).