Los letrados del Parlament estudian la legalidad de las dietas a Puigdemont

La cámara catalana evita asignar un complemento salarial que costaría 28.000 euros a las arcas

Carles Puigdemont deberá esperar para cobrar las dietas por desplazamiento que ha reclamado. Así se acordó ayer en la reunión de la Mesa del Parlament, donde la mayoría de los miembros abogaron por trasladar la cuestión a los servicios jurídicos para que estudien si el ex president, junto a otros tres diputados de JxCat –Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez– que también lo han exigido, deben percibir ese complemento salarial que le costaría a las arcas públicas 28.000 euros anuales por parlamentario. La petición de la indemnización, que es la máxima que corresponde por este concepto al estar los cuatro a más de 191 kilómetros del Parlament –como salario fijo perciben mensualmente 2.870 euros brutos–, ha suscitado la discrepancia de toda la oposición, pero también las reticencias de los socios de Govern de JxCat, ERC.

En este sentido, los republicanos han evitado por ahora hacer la misma petición para sus dos diputados encarcelados –Oriol Junqueras y Raül Romeva– y se han limitado a reclamar una investigación sobre los motivos y la autoría de que se haya descontado ese importe de dinero. En este caso, ERC ya tiene respuesta a sus indagaciones, ya que fueron los servicios auditores del Parlament quien decidieron de oficio retirar los suplementos salariales al considerar que los diputados presos y fugados no iban a desplazarse al Parlament. Si bien, no satisfechos con ello, ahora lo que desea conocer el partido que lidera Junqueras es si la decisión ha correspondido a un cambio de criterio, porque de no ser así, sí que defenderían el cobro de esos montantes de dinero porque consideran que es sistemático.

Un argumento que sostiene JxCat, ya que considera que siempre se ha pagado sistemáticamente y nunca se había «verificado» de dónde vienen los parlamentarios ni si acuden a la cámara catalana: «Se paga siempre y punto».

En cambio, la oposición expresó su rechazo prácticamente unánime a todo este debate sobre los complementos salariales. Empezando por la propia CUP, que se mostró contraria a que los diputados puedan alcanzar sueldos de 5.000 euros al mes, ya que a su juicio, «no responden a la lógica de las condiciones materiales de vida de la mayoría de vecinos del país y no permiten a los representantes empatizar con los problemas de la ciudadanía». En la misma línea, la portavoz de los «comunes», Elisenda Alamany, pidió ampliar este debate a las peticiones concretos de los cuatro diputados de JxCat y que todos se limiten el sueldo.

Finalmente, el vicepresidente segundo del Parlament y diputado de C’s, José María Espejo-Saavedra, puso el acento principalmente sobre Puigdemont, al que acusó de haberse fugado de la Justicia y no acudir a su puesto de trabajo: «Además de cobrar un sueldo público, piden más».