Oleguer Pujol movió 2,3 millones opacos a Luxemburgo para comprar terrenos en Melilla

El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía (UDEF) que precipitó los registros en la vivienda y empresas de Oleguer Pujol, el hijo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, alerta –en las siete operaciones inmobiliarias bajo sospecha– de la ejecución de un «plan preconcebido» para blanquear «varios miles de millones» de euros. A lo largo de un centenar de folios –a los que ha tenido acceso LA RAZÓN– la Policía desgranó, en un documento fechado el pasado 20 de octubre, los indicios de delito existentes contra Oleguer en esos supuestos «pelotazos», que pusieron en marcha la operación judicial dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Entre esos indicios figura la compra de los terrenos del antiguo cuartel de Valenzuela en Melilla por 15,6 millones el 7 de marzo de 2005. En esa operación, subrayan los investigadores, el hijo del ex molt honorable –imputado por blanqueo y delito fiscal– «mueve una cantidad de 2.328.423,60 euros de Holanda», provenientes de la empresa Drago Mediterranean Holdings (de la que era representante), a Luxemburgo, a través de la venta de acciones que la sociedad Pavane Investments poseía en Tres Forca Capital. Esta última empresa fue la encargada de adquirir las cuatro fincas, de 56.692 metros cuadrados, que se llevó a cabo con un aval bancario de 2,5 millones. La operación estaba supeditada a la concesión de una licencia urbanística para levantar en esos terrenos (cedidos por el Ministerio de Defensa a la ciudad de Melilla) un centro comercial.

Para poder cerrar la compraventa, Pavane Investment, sociedad radicada en Luxemburgo propiedad de Luis Iglesias, socio del hijo menor de Jordi Pujol, «y utilizada por Oleguer Pujol», se desprendió de 54 participaciones por esos 2,3 millones de euros. Posteriormente, el 4 de junio de 2007, Drago Mediterranean Holdings, representada por Oleguer, «inyecta» 2,3 millones en Tres Forcas Capital a través de una ampliación de capital, consiguiendo «una menor tributación de la citada inversión».

Según la UDEF, «al ser directivo y representante de Drago Mediterranean Holdings y quien controla Tres Forcas Capital consigue lo que parece ser una operación de blanqueo de capitales» por medio de la compra de acciones, por valor de 1,9 millones, a través de Gestadeneco, más otros 2,3 millones por la citada ampliación de capital.

Tanto en este supuesto «pelotazo» de blanqueo como en la compra de varios inmuebles en Palma de Mallorca «se ha seguido una lógica similar, compatible con un esquema de blanqueo de capitales». En ambas se compran inmuebles o terrenos por sociedades españolas «de capital muy reducido» controladas por sociedades radicadas en el extranjero. Tras las operaciones, las empresas utilizadas «son transferidas a distintas sociedades interpuestas que inmediatamente» las venden «por un precio que multiplica el pagado».

Con el «inflado artificial del valor de las participaciones sociales y la transferencia de las mismas» a través de empresas controladas por las mismas personas –continúa la UDEF– conseguían «la aparente creación de unos beneficios legítimos» que en realidad provenían de «aportaciones de capital realizadas a través de sociedades opacas y con un origen desconocido». Del mismo modo, la utilización de «empresas instrumentales o pantalla» y la venta de sus participaciones sólo persigue, subraya la Policía, «una artificiosa complejidad en el retorno de los beneficios», que es «del todo innecesaria» y que pretendería únicamente «dificultar la identificación del receptor último» del dinero o «evadir el cumplimiento de las obligaciones fiscales».

La UDEF sostiene que las empresas de Oriol Pujol «están creadas “ad hoc” para la adquisición en España de multitud de bienes inmuebles por valor de varios miles de millones de euros, mediante un plan preconcebido en el cual, tanto las entidades financiadoras como las sociedades matrices de las empresas españolas adquirentes se encuentran ubicadas en el extranjero, y a su vez las sociedades dueñas de dichas socias únicas extranjeras se encuentran domiciliadas en paraísos fiscales». El objetivo, «dificultar» conocer el origen de los capitales con los cuales se garantizan las operaciones, normalmente situados fuera de España, así como «la identificación de los verdaderos dueños de las sociedades últimas beneficiarias de las adquisiciones y su porcentaje de participación».

La Policía hace hincapié en que las dos empresas extranjeras que se benefician de la compraventa de los terrenos de Melilla –BMD Toussaintkade 48 y Pavane Investment– «son sociedades relacionadas con Oleguer Pujol Ferrusola» y su socio, tal y como figura en el propio informe pericial realizado por Deloitte aportado al juzgado.