La trama de las obras del AVE en la Sagrera infló los costes 82 millones

La Guardia Civil ha detenido este martes a 13 personas en una operación por el presunto sobrecoste de más de 82 millones de euros en tres obras de la alta velocidad en la zona de la estación barcelonesa de La Sagrera.

Una operación de la Guardia Civil acabó ayer con trece detenidos, entre ellos dos de la empresa pública Adif, acusados de un sobrecoste de 82 millones en las obras del AVE en la estación de la Sagrera de Barcelona. Estos dos cargos ya fueron arrestados en 2014, en otra actuación por el mismo motivo. Seis de los arrestados pasarán próximamente a disposición judicial.

En total se llevaron a cabo quince registros domiciliarios, en Barcelona y Madrid, incluyendo algunos particulares, informó la Fiscalía Anticorrupción. Entre los detenidos figuran los citados ex cargos de Adif, y directores técnicos de empresas contratistas de la línea del AVE, y empleados de compañías que daban apoyo técnico a la obra pública.

Según la Fiscalía, los arrestados tuvieron un papel relevante en la ejecución y certificación de las obras que están siendo investigadas. Entre ellos, están el ex director de obras de Adif Jaime G.G., y el ex director de Alta Velocidad de la zona noroeste del AVE Rafael R, que fueron detenidos en mayo de 2014, en otra operación similar, y acusados de alterar las mediaciones técnicas por causar un sobrecoste en las obras.

Tres obras

En este caso, la denuncia fue presentada por el gestor ferroviario Adif a la Fiscalía, y en ella se señala que en tres de las obras públicas del AVE en el barrio de la Sagrera se habían detectado dobles mediciones que reflejaban diferencias sustanciales entre el trabajo certificado como realizado y el que en realidad se había ejecutado.

Presuntamente, se emitieron de forma reiterada e intencionada sucesivas certificaciones de obra con importes muy superiores a los trabajos de las empresas contratistas. Los proyectos son la construcción de los accesos a la estación de la Sagrera, la obra de la estructura del mismo espacio y la plataforma de la línea de alta velocidad en el sector Sant Andreu del tramo Sagrera– Trinidad.

La Fiscalía ve indicios de que en la trama no solamente participaron funcionarios directamente relacionados con las obras, sino también diferentes empleados de empresas privadas colaboradoras, y personas directivas de las empresas contratistas beneficiadas por el supuesto desvío de dinero público.

El Ministerio Público ve indicios sólidos de que el falseamiento de las certificaciones de obra respondía a la intención de favorecer indebidamente a las empresas contratistas, que presuntamente habían estado percibiendo de este modo sumas de dinero muy superiores a las que realmente debían recibir.

Adif comunicó que la investigación está amparada por el secreto de sumario. En un comunicado, el gestor recordó el paquete de medidas de control que puso en marcha en 2013, entre las que se incluyó la constitución de la dirección de Auditoría Interna, con el fin de «mejorar los sistemas de gestión y contratación de la empresa, una de las que más inversión pública en obras gestiona en el país.

La apertura de la operación de la Fiscalía tuvo lugar apenas un mes después de que el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez–Pomar, indicara que las obras de la estación de la Sagrera se habían retrasado «porque Adif había detectado irregularidades en el volumen de la obra ejecutada».

Las reacciones no se hicieron esperar. La teniente de alcalde urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento, Janet Sanz, reclamó toda la información sobre estas presuntas irregularidades, y exigió «garantizar que no afecten más a los retrasos» en esta infraestructura. Añadió que Gómez Pomar le comunicó que no tiene más información de la que salió ayer a la luz.

El alcalde en ese momento, Xavier Trias, aseguró que el Gobierno no le notificó, durante su etapa al frente del Consistorio, que el motivo del retraso en estas obras fuera la investigación de presuntas irregularidades, a través de una auditoría del Ministerio de Fomento.

Por su parte, el líder municipal del PP, Alberto Fernández, sostuvo que esta investigación «demuestra que los mecanismos de control sobre la obra pública están funcionando, se tiene que actuar de forma ejemplar».