Ultimátum del comercio a Colau por el top manta

Varias asociaciones se plantean llevar el conflicto a los tribunales ante la inacción y falta de soluciones del gobierno municipal

La validez del buenismo como actitud vital está fuera de toda duda. Aplicarlo a la política, sin embargo, puede acarrear consecuencias poco deseables. Más aún cuando ese exceso de buenas intenciones choca con los legítimos intereses de un gremio como el del pequeño comercio. Eso es lo que le está sucediendo al gobierno de Ada Colau, en quien muchos ya ven los peores tics de ICV, con el top manta. En este contexto, tanto la Fundación Barcelona Comercio como la Confederación de Comercio de Cataluña advierten al Ayuntamiento que debe tomar cartas en el asunto y amenazan con judicializar el conflicto en caso contrario.

El gobierno municipal, en cualquier caso, se reunirá esta semana con los grupos de la oposición y con representantes de los comerciantes para tratar el fenómeno de la venta ambulante. El presidente de la Fundación Barcelona Comercio, Vicenç Gasca, aseguró en declaraciones a Barcelona FM que se deben «tomar decisiones ya» para que «este tema quede totalmente resuelto» antes de la campaña de Navidad. Por su parte, Miguel Ángel Fraile, secretario general de la Confederación de Comercio de Cataluña, pidió que la Fiscalía o los funcionarios públicos actúen de oficio, ya que «no hace falta una denuncia, cuando saben que se está cometiendo un delito». Pero advirtió que «si es necesario, la haremos». Gasca también señaló que este es «el último recurso», pero insistió en que el fenómeno implica «una venta ilícita e ilegal», ya que «muchas veces son productos falsificados».

Además, fuentes del Puerto de Barcelona aseguran que el Ayuntamiento está incumpliendo desde agosto un convenio firmado en 2007 y renovado en 2014 que establece zonas de actuación de la Guardia Urbana en el Port Vell. Según Ep, el Puerto mantiene conversaciones con el Ayuntamiento sobre el asunto y ha pedido colaboración a la Generalitat. Desde la institución recuerdan que la Policía Portuaria es una policía administrativa que no actúa en situaciones que puedan resultar violentas si no es con el apoyo de otro cuerpo policial. Desde el Ayuntamiento, sin embargo, defienden que este convenio es muy genérico y que la Guardia Urbana sólo puede actuar en operaciones coordinadas. El Gobierno municipal plantea elaborar un protocolo más específico para abordar el top manta, asunto sobre el que señala que la Guardia Urbana no es el único cuerpo policial que debe actuar.