Un policía alega que quería investigar qué jefes cobraban de los prostíbulos

La primera sesión del juicio por la presunta trama de proxenetismo y sobornos a policías vinculada a los macroprostíbulos Saratoga y Riviera de Castelldefels tuvo como principal protagonista al entonces inspector jefe de la brigada de extranjería y documentación de la Policía Nacional, José Javier Martín Pujal. Declaró que nunca cobró comisiones por avisar a los clubes de alterne de redadas policiales y aseguró que se vio implicado en la trama porque «quería investigar».

Martín Pujal se enfrenta a una posible condena de 44 años de cárcel, en un macrojuicio que arrancó ayer en la Audiencia de Barcelona y en el que hay una veintena de acusados, incluyendo cargos y agentes de la Policía Nacional, propietarios de los burdeles y abogados, entre otros.

«Superior involucrado»

Aseguró el acusado que nunca cobró los 3.000 euros por aviso de redada, que es lo que denuncia la Fiscalía anticorrupción, y que se vio involucrado en la trama porque «me habían dicho que un superior mío estaba cobrando por proteger a estos macroburdeles, y yo quise investigar».

«Mi intención era investigar, porque los propietarios de Saratoga y Riviera me dijeron que un superior mío estaba cobrando por avisar de las redadas», aseguró. Añadió que por este motivo mantuvo encuentros con los responsables de los burdeles porque su objetivo era «infiltrarse en la investigación».

«Mi intención era investigar, obtener información de Carmelo Sanz (encargado del Saratoga), que me había dicho que un jefe mío estaba cobrando, yo quería saber quién era ese jefe mío que realizaba estas prácticas irregulares», aseguró. Martín Pujal también rechazó haber amenazado a los propietarios de los clubes con represalías si no le pagaban.

El superior al que se refirió Martín Pujal es Abundio N., al que acusó de haber iniciado una campaña contra él con el objetivo de apartarlo de la investigación.

En la primera sesión del juicio también declaró Carmelo Sanz, que ofreció una versión muy diferente a la de Martín Pujal. El encargado del Saratoga aseguró que fue extorsionado por el Policía. Sanz, imputado en la causa, aseguró que el inspector jefe le pidió dinero bajo la amenaza de someter el burdel a inspecciones y redadas continuas.

Después de contradecir la versión de Martín Pujal, Sanz exculpó al resto de policías integrantes en la supuesta trama corrupta y negó que los mandos de la Policía Nacional imputados le avisaran con antelación de las redadas que iban a llevar a cabo para que él pudiera hacer desaparecer del local a las prostitutas «sin papeles», que eran la inmensa mayoría de las trabajadoras.

Carmelo Sanz negó que su local empleara como prostitutas a menores de edad y explicó que el local «sólo cobraba por las copas que se consumían y por el hospedaje de las chicas de alterne en el hotel anexo, en el que ellas voluntariamente llevaban a sus clientes». La vista oral prosigue hoy con las declaraciones de otros policías implicados.

El fiscal pide penas de entre tres y 44 años de cárcel para los 20 acusados en este caso, que declararán entre esta semana y la próxima en la Audiencia. Están implicados mandos policiales, los propietarios de los macroprostíbulos, tres abogados, un ex funcionario del Ayuntamiento y un ingeniero industrial, entre otros.