Anticorrupción solicita diez años y un día de inhabilitación para Echávarri

La juez abrió ayer juicio oral al exalcalde socialista de Alicante Gabriel Echávarri por un delito continuado de prevaricación relacionado con el presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio. Además, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para él 10 años y 1 día de inhabilitación.

En su auto, la magistrada María Luisa Carrascosa decreta también la apertura de juicio oral contra dos antiguos asesores del que fuera primer edil, su exjefe de gabinete, Eduardo Díez, y el exasesor de Comercio Pedro de Gea.

Considera que ambos pudieron incurrir en el mismo delito, prevaricación continuada, aunque en grado de cooperación necesaria, como sostiene en su escrito de acusación provisional la Fiscalía, que reclama para ambos la misma pena que para Gabriel Echávarri.

El PP pidió una pena de inhabilitación de 12 años y 7 meses para el exalcalde por el delito continuado de prevaricación y 7 años para cada uno de sus exasesores.

Echávarri hizo efectiva su dimisión del cargo el pasado 9 de abril, lo que motivó que el PP accediera al gobierno municipal el pasado jueves, después de que la socialista Eva Montesinos no lograra la mayoría absoluta para suceder a su compañero de partido.

El exalcalde está acusado de prevaricación en dos causas judiciales: una por el presunto fraccionamiento de contratos y otra por el despido de una funcionaria interina que es cuñada del ex portavoz municipal del PP y nuevo alcalde, Luis Barcala.

La titular del Juzgado de Instrucción 9 de Alicante, María Luisa Carrascosa, procesó el pasado mes de noviembre a Echávarri y sus asesores por fraccionar presuntamente 14 facturas por trabajos y servicios desde la Concejalía de Comercio, por un importe total de 144.160 euros.

Puig no ve bien el relevo

El president de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, no ve con buenos ojos el relevo de la concejal Eva Montesinos como portavoz en el Ayuntamiento de Alicante, una decisión que «sorprende» a la Ejecutiva del partido y que estudiará el Comité de Ética y Garantías, tal y como aseguró ayer.

Puig consideró que la decisión, adoptada el lunes por la noche en una tensa reunión de la ejecutiva de los socialistas alicantinos, no contribuye a la estabilidad que, a su juicio, necesita en estos momentos el conjunto de la sociedad alicantina.

Lo que ha pasado en Alicante, según el secretario general de los socialistas en la Comunitat, «ha sido bastante grave como para que además el Partido Socialista no sea capaz de digerir adecuadamente esta situación».