Bravo encarga una auditoría para saber si la Ciudad de la Justicia es segura

La empresa encargada de mantenimiento dice que los sistemas de alarma funcionaron bien

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, reunió ayer a todos los agentes judiciales afectados por el cierre de la Ciudad de la Justicia para coordinar las medidas necesarias para la vuelta a la normalidad de los órganos judiciales.

Bravo explicó que una vez pase este escollo provocado por el incendio del pasado domingo día 10 en el edificio judicial, se encargará una auditoría minuciosa sobre la seguridad del conglomerado de la Ciudad de la Justicia. Una auditoría que en un principio iba a ser solicitada a la Universidad Politécnica, pero que ha sido la propia institución académica la que ha recomendado una empresa privada para tal cometido.

La determinación de la consellera ha sido categoría después de los informes contradictorios sobre el funcionamiento del sistema de seguridad del edificio, dado que la empresa dedicada al mantenimiento del mismo en un primer informe de urgencia asegura que dicho sistema funcionó, lo que contradice la versión de los bomberos, los vigilantes jurados y del personal que estaba en el centro cuando se originaron las llamas y que aseguran que no oyeron ninguna alarma. También se tiene dudas sobre si funcionaron los extractores de humos y las puertas antiincendios.

Bravo ha pedido a la empresa de mantenimento que haga un estudio mucho más pormenorizado y por sectores, y pretende pedir también informes «a la Policía Científica o a bomberos».

Explicó que «éste es un punto de inflexión, es cierto que en ocasiones nos encontramos con casos fortuitos que la actuación del hombre no puede evitar, pero todo lo que podamos prevenir, lo tenemos que hacer».

Respecto a la vuelta a la normalidad de los Juzgados valencianos, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana estaba ayer a la espera de que la Generalitat remitiera los últimos informes sobre la calidad del aire y otros aspectos de seguridad, y una vez los tuviera, determinaría si se volvían a habilitar los plazos judiciales y por lo tanto se ponía nuevamente «en marcha» la maquinaria judicial, o si por el contrario, se mantenía la inhabilitación.

Lo que es seguro es que la normalidad tardará más en llegar a Primera Instancia y al área social, cuyas instalaciones colindan con la de Instancia donde se desencadenó el fuego.

Por lo pronto, los tres Juzgados quemados serán habilitados inmediatamente en otras dependencia de la Ciudad de la Justicia, pero los otros 18 habrá que ubicarlos en otro lugar aún por determinar.