La creación de una Agencia Tributaria Valenciana fue anunciada ayer por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras reunirse con los presidentes de las Corporaciones provinciales de Castellón, Javier Moliner; Valencia, Jorge Rodríguez; y Alicante, César Sánchez.

Este «camino de trabajo conjunto» incluye también el impulso a la Ley de Coordinación de las Diputaciones y de la Ley del Régimen Local.

La función de la mencionada Agencia Tributaria será el desarrollo de un servicio valenciano de recaudación que permitirá, por un lado, «mejorar la eficiencia de la recaudación» y, por otro, «la lucha contra el fraude».

Sobre este punto, Puig explicó que si algunas personas eluden el pago de los tributos, necesariamente otras tienen que contribuir más.

La mejora de la eficiencia, indicó, solo se puede realizar de manera «colaborativa». La cooperación que solicitan a las instituciones provinciales no es solo a nivel logístico. Las diputaciones deberán ofrecer apoyo económico, aunque el escenario deseable no es, según Moliner, «que la Generalitat invite y la Diputación pague».

De igual modo, Puig entiende que tienen que hacer políticas compartidas que «tengan como prioridad el gasto» y que no deben «vaciar la caja» de la instituciones provinciales.

En cuanto a la Ley de Coordinación de las Diputaciones, no se trata de quitar competencias a las mismas, sino de «generar espacios comunes para resolver los problemas de los ciudadanos». Otra de las ventajas es que se va a superar la «compartimentación de las instituciones».

También se debe revisar el papel de los municipios en este escenario, de modo que se redefinan en cuestiones como los asuntos sociales.