El 60 por ciento de las empresas públicas presentan irregularidades

La Intervención detecta incumplimientos de la ley en 30 de las 52 sociedades estudiadas

El 60 por ciento de las empresas públicas dependientes de la Generalitat valenciana y analizadas por la Intervención General presentan algún tipo de irregularidad. Así se desprende del Plan Anual de Auditorías del Sector Público 2018 realizado por el citado órgano sobre los datos que presentaban estas firmas durante el ejercicio 2017.

El informe, que se hizo público ayer en la página web de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, detalla que de las 52 sociedades analizadas, 30 presentan algún tipo de incumplimiento de la legalidad. Concretamente, se trata de cuatro organismos autónomos, tres entidades públicas empresariales, seis entidades de derecho público, ocho sociedades mercantiles, dos universidades públicas y cinco fundaciones del sector público.

En todos los casos, los incumplimientos que señala la Intervención de la Generalitat entre estas empresas son los gastos de personal y los gastos derivados de la contratación.

El pleno del Consell aprobó este documento hace un par de semanas durante su reunión semanal aunque no fue hasta ayer cuando se hizo público el informe, que se realiza en cumplimiento del artículo 96.2 de la Ley 1/2015.

No se trata de asuntos triviales, ni mucho menos. Por ejemplo, en el caso de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) el órgano fiscalizador afea a la empresa que falta documentación en relación a la viabilidad del proyecto de algunos de los inmovilizados adquiridos, que tiene saldos a cobrar a largo plazo o que se han omitido trámites esenciales en la publicación de su Relación de Puestos de Trabajo, tales como informes preceptivos y vinculantes. Además, señala que la diferencia entre los ingresos y los gastos de estas empresa es significativa por lo que su viabilidad y continuidad depende única y exclusivamente de las aportaciones de la Generalitat.

En el caso del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) las irregularidades abundan sobre todo en materia de contratación. Por ejemplo, en la contratación del mantenimiento de las instalaciones eléctricas, la Intervención General subraya que en la documentación del expediente se observan deficiencias tales como la falta de justificación de la elección del procedimiento de adjudicación, error en el cálculo del valor estimado del contrato y una estimación inadecuada del precio del contrato proyectado a la vista del importe de la adjudicación.

También se han detectado contratos menores adjudicados en 2017 con similar finalidad, cuya suma de todos ellos superarían el límite legal establecido para este tipo de contratos.