Política

El Botànic aprueba la ley que legalizará más de 350.000 viviendas

El PP asegura que PSPV y Compromís nunca hubiesen apoyado esa regulación en la oposición y, aunque apoya la medida, califica la medida de «electoralista»

La reforma de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) se aprobó ayer con los votos a favor de PSPV, Compromís y Podemos y la abstención de PP y Ciudadanos
La reforma de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) se aprobó ayer con los votos a favor de PSPV, Compromís y Podemos y la abstención de PP y Ciudadanos

PSPV, Compromís y Podemos sacaron ayer a adelante la reforma de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) de 2014. Se trata de un texto que, entre otras muchas cuestiones, permitirá regular la situación de las más de 350.000 viviendas diseminadas que han consumido parte importante del suelo rural de la Comunitat.

Para el PP, que admite estar a favor de la medida, no es más que un arma electoral que se han guardado los firmantes del Pacte del Botànic a escasos meses de los comicios y que nunca hubiesen apoyado si estuviesen todavía en la oposición.

El hecho de que tanto el PP como Ciudadanos optasen por abstenerse, no evitó que el debate fuera tenso, principalmente entre la diputada popular, Elisa Díaz, y los encargados de defender la ley por parte de las fuerzas del Botànic.

A ninguno le gustó que les recordara que sobre ellos recae la responsabilizar de permitir una legalización masiva de viviendas. De ahí que acentuaran que fueron los Gobiernos del PP los que decidieron mirar hacia otro lado mientras que este tipo de casas crecían sin control.

Sin embargo, Díaz les recordó que municipios donde históricamente han gobernado los socialistas no controlaron el territorio. Como ejemplo puso el caso de Catral, al que se le retiraron las competencias urbanísticas, Elche, Ontinyent o Bigastro.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, María José García, advirtió de que la ley dará cobertura a viviendas ilegales, delito que recoge el Código Penal.

El diputado de Podemos, Antonio Montiel, quiso dejar claro que no es la ley que su formación hubiera redactado y advirtió de que en la próxima legislatura habrá que continuar trabajando para que se produzca un cambio en el modelo urbanístico valenciano. No obstante, presumió de haberlo mejorado gracias a sus enmiendas y aseguró que se pone coto a los «pelotazos urbanísticos» que suponían la aprobación de las Actuaciones Territoriales Estratégicas (ATE) y que se impedirá que instrumentos parciales como los PAI puedan modificar el plan general de un municipio.

Las claves

La reforma de la Lotup ha pasado de ser una prioridad para el Botànic a aprobarse al final de la legislatura, debido en parte al importante debate generado entre los firmantes del pacto que permitió gobernar a PSPV y a Compromís.

Crea la figura del agente rehabilitador y elimina la de las Actuaciones Territoriales Estratégicas (ATEs) para sustituirlas por los Proyectos de Inversión Económica Sostenible (PIES). Estos planes tendrán que ser aprobado por el pleno de Les Corts.

Durante el pleno de ayer dio introdujo a una enmienda por la que se creará la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, para ejercer las competencias autonómicas sobre disciplina urbanística, y que entre otras cosas se encargará de los expedientes de reposición de la legalidad urbanística.

Para dar una solución a Planes de Actuación Integrada (PA)I que se aprobaron y están paralizados la ley ofrece dos opciones a los Ayuntamientos. Los iniciados y pueden ser viables se podrán dividir en sectores para ejecutarlos poco a poco y ampliar el plazo de ejecución a diez años, mientras que en los PAI inviables y reversibles se podrá hacer una “reparcelación inversa” para que los terrenos vuelvan a la situación anterior, sin cargas para los propietarios.

Respecto a las edificaciones aisladas sin licencia construidas antes de 2015 en suelo no urbanizable, unas 400.000 en la Comunitat, se posibilita su regularización siempre que cumplan unas obligaciones de minimización de impacto ambiental y paisajístico y de dotación de sistemas de evacuación de aguas.