El Consell analiza la sentencia antes de dar el siguiente paso

La sentencia que anula la legalidad del aval que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) dio a la Fundación de Valencia C. F. modifica sustancialmente los planes sobre los que trabajaba hasta ayer mismo el Gobierno valenciano. Así lo reconocía ayer el vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, quien admitió abiertamente que «puede introducir cambios muy significativos en el escenario actual», tanto del club como de su fundación.

En cualquier caso, el Consell quiso ser ayer muy cauto, y no avanzó hacia dónde irá el siguiente paso. «Resulta evidente que la Generalitat queda liberada de cualquier carga económica en el Valencia o su Fundación». Estirando esta reflexión podría entenderse que ahora el Gobierno valenciano podría reclamar los 4,8 millones de euros que pagó en concepto de intereses, precisamente por ser el avalista de la Fundación del Valencia C. F.

Tampoco se atrevió a afirmar que el club sea ahora propiedad de Bankia. «Las acciones seguirán siendo propiedad de la Fundación y esta tendrá un préstamo con Bankia, donde lo que desaparece es la garantía del aval de la Generalitat ».

Por su parte, el conseller de Economía, Máximo Buch, quien ha estado siguiendo muy de cerca las negociaciones con Bankia, también prefirió esperar a que los servicios jurídicos de la Generalitat realicen un informe de la sentencia, documento que se conocerá en los próximos días.

Aseguró que la hoja de ruta que elabora la Generalitat para solucionar los problemas del Valencia C. F. deberán contempla esta sentencia. De hecho, dejo entrever que ya se contaba con la existencia de la demanda, pero que no pensaban que el resultado de la misma fuese a ser el conocido ayer.

Confía en que Bankia tenga el mismo interés que tiene la Generalitat en «dar viabilidad económica al club, que tenga un buen proyecto y que salga adelante porque es la primera interesada por ser el acreedor».