El Consell busca a la oposición para bajar el gasto de los órganos consultivos

El pleno del Consell aprobó ayer los proyectos de ley necesarios para reestructurar cuatro instituciones normativas y consultivas de la Generalitat, el Consell Valencià de Cultura (CVC), el Consell Jurídic Consultiu (CJC), la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y el Consell Econòmic i Social (CES). El Gobierno de Fabra pretende reducir un 45 por ciento el número de miembros (35 puestos) y un 50 por ciento el gasto. Así, el CVC y la AVL estarían compuestas por once personas, el CES con 16, el CJC con cinco miembros natos.

La aprobación de estas leyes requieren de una mayoría cualificada, por lo que se hace imprescindible un pacto con la oposición. El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, aseguró que hay voluntad de consenso. En el caso de la AVL y el CVC, afirma que hay un principio de acuerdo para dejar 15 miembros y que en el resto de órganos no se han puesto objeciones.

Con respecto a la reducción del gasto -estas instituciones tienen asignado 8,1 millones en los presupuestos de 2013- aseguró que se negociará de manera individual, por lo que todo es revisable, desde las dietas que perciben hasta las sedes en las que se ubican.

Castellano también propondrá a los grupos tratar la reducción del número de diputados de 99 a 89. Así, los asuntos que quedan en el aire son la reforma del Estatuto de los expresidentes y de la Sindicatura de Comptes y de Greuges, sobre las que no hizo avances.

Por su parte, el vicepresidente del Consell, José Císcar, admitió que la aprobación del contrato-programa para RTVV se ha retrasado debido al estudio que se está realizado de cómo incidiría en el mismo una «hipotética anulación del ERE» por parte de los tribunales. Confía en que esta situación no llegue a producirse, porque, como ya ha dicho en muchas ocasiones, las consecuencias serían «de otro orden», ya que haría «insostenible económicamente» la televisión, es decir, que se procedería a su cierre.