El Consell busca dinero privado para viviendas y reformas urbanas

La colaboración público-privada no se utilizará solamente para la construcción de nuevas infraestructuras educativas. La vivienda y regeneración de calles es otro de los ámbitos en los que el Consell trabaja, junto con los empresarios de la construcción, para presentar proyectos ante el Plan Juncker y obtener financiación europea. Se trataría sobre todo de rehabilitación de inmuebles y reformas urbanas, como la mejora de las aceras y el cambio de las conducciones del agua.

Si bien las negociaciones para la construcción de colegios están mucho más avanzados, en breve se empezará con el diseño de planes zonales que delimiten y primen en qué zonas es más necesario llevar a cabo estas reformas. El presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec), Francisco Zamora, mostró ayer su satisfacción por este nuevo proyecto del Consell en el que va de la mano de la iniciativa privada.

Ahora bien, explicó que se está buscando la manera de minimizar el riesgo que asume el empresario. Una de las condiciones para que estos proyectos puedan llevarse a cabo es que la pequeña inversión que realice la Administración valenciana, no compute como déficit, para lo cual tiene que realizar una transferencia de riesgo sobre la empresa constructora. Es en este punto en el que se encuentran ahora mismo las negociaciones, puesto que lógicamente ningún directivo quiere asumir una excesiva responsabilidad a largo plazo.

Aun así, Zamora aseguró que están encantados con estos proyectos puesto que equivalen a trabajo. Además, indicó que a los empresarios también les preocupa la situación de los barracones en los colegios valencianos.

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, explicó el pasado jueves que el Consell recurre a este sistema de colaboración público-privada para aquellas infraestructuras a las que no llega el dinero público. La Generalitat cede el suelo al constructor, que lleva a cabo la obra, y paga un canon anual por ese colegio. Pero los recursos «intangibles», es decir, los profesores, materiales y contenidos, los paga la Administración. Se trata de un proyecto que llegaría a los 500 millones de euros.

Preguntado por la opinión de sus socios de Gobierno de Compromís por este sistema de colaboración, Soler aseguró que dicho grupo no tiene ningún problema con aliarse con la iniciativa privada para lo que sea necesario, siempre y cuando los servicios fundamentales sean prestados por la Administración.

Al respecto, este periódico preguntó su opinión a los representantes de la Conselleria de Educación, que es quien ha de diseñar el mapa de las unidades escolares, y no obtuvo respuesta. El conseller del ramo, Vicent Marzà, pertenece a Compromís.