Recursos naturales
El Consell se enfrenta a Cospedal para respaldar a los regantes por el Tajo
El Consell ha decidido iniciar una nueva batalla contra el Gobierno central. Por si la de la financiación no le da suficientes quebraderos de cabeza, el vicepresidente de la Generalitat y conseller de Agricultura, José Císcar, anunció ayer la adhesión del Gobierno valenciano a las alegaciones realizadas por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo- Segura al plan hidrológico de cuenca del Tajo.
La base de las citadas alegaciones es el aumento de la reserva en los embalses de cabecera del río. El documento incrementa de 240 hectómetros a 400 el volumen de agua existente en Entrepeñas y Buendía, una cifra que no haría imposible el trasvase al Segura, pero sí lo limitaría.
Los regantes aseguran que este incremento es ilegal puesto que es la ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) la que establece que la reserva sea de 240 hectómetros cúbicos, por lo que «tendría que ser aprobada mediante una norma con rango de ley».
En las alegaciones también se pide al Gobierno que aborde, «con la mayor brevedad posible una planificación hidrológica para resolver eficazmente los problemas de déficit estructural».
El anuncio de ayer de Císcar abre un enfrentamiento directo no sólo con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, sino con la presidenta de Castilla- La Mancha y número dos del PP, María Dolores de Cospedal. «Nosotros siempre hemos dicho que el Gobierno valenciano está al lado de sus regantes y de sus agricultores, y por eso suscribimos íntegramente sus alegaciones». A renglón seguido añadió que estas se retirarán cuando el memorándum del Tajo obtenga validez normativa, una promesa que realizó el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete y que supondría garantizar por ley la necesidad de un trasvase entre el Tajo y el Segura.
El ministro, que visitó el jueves Valencia, no se puso de parte de nadie. «Este es un proceso en el que no puede haber ni ganadores ni perdedores, es el espíritu del Gobierno». Insistió en que las partes implicadas tienen todas el mismo interés, «garantizar agua suficiente a todos los territorios, buscar equilibrios y consensos».
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