El Consell se personará en la rama de Gürtel de la visita del Papa

Primero fue en el caso Cooperación, luego Nóos y casi con toda seguridad el siguiente será la pieza de la Gürtel que investiga la visita del Papa a Valencia en 2006. La Generalitat continuará personándose en aquellas causas en las que el juez les realice el ofrecimiento de acciones porque considere perjudicados sus intereses. El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, dio ayer por hecho que si la Generalitat tiene la oportunidad de ser parte en el caso de la visita del Papa, formalizará su personación.

El argumento vuelve a ser el mismo que en los dos precedentes. La Generalitat da este paso para recuperar el dinero que pueda haberse sustraído de las arcas públicas, «hasta el último euro».

Císcar precisó que este paso no es obligatorio para la Generalitat, puesto que el Ministerio Fiscal se encargará de defender los intereses de los perjudicados.

El Gobierno de Fabra trata de desmarcarse de estos casos de corrupción que protagonizarán la actualidad durante los próximos meses. Sin embargo, el vicepresidente se mostró muy cauto al hablar del futuro de dos diputadas populares, Milagrosa Martínez y Angélica Such. Ambas están a punto de sentarse en el banquillo por la parte de Gürtel que investiga las adjudicaciones de Fitur. De sobra es conocida la postura de Císcar, quien siempre afirma que él renunciaría a su cargo y a su escaño si estuviera imputado, pero incidió en que las diputadas no están obligadas por ley a renunciar a él.

Admitió que al PP no le beneficia que haya personas imputadas conformando el grupo parlamentario, pero recordó que a nadie se le puede privar a su derecho a la presunción de inocencia.

Por otra parte, restó importancia a las dos demandas existentes contra el presidente Alberto Fabra. La primera es una querella y la interpuso una edil socialista después de que el presidente la acusara de prevaricar para paralizar una moción de censura. La segunda responde a la demanda de un trabajador de RTVV que lo acusa de malversación de fondos públicos por pagarle el sueldo sin trabajar.