El «decretazo» obliga a las diputaciones a ceder al Consell sus partidas de turismo

Sánchez y Moliner insisten en que no se consensuó y Oltra les acusa de querer imponer su criterio

Javier Moliner (Castellón), Isabel Bonig, César Sánchez (Alicante) y Mari Carmen Contelles (Valencia)
Javier Moliner (Castellón), Isabel Bonig, César Sánchez (Alicante) y Mari Carmen Contelles (Valencia)

Sánchez y Moliner insisten en que no se consensuó y Oltra les acusa de querer imponer su criterio

El decreto del Consell que retira las competencias en materia de turismo y deportes a las Diputaciones las deja sin libertad para planificar sus presupuestos en estas áreas a partir de 2017. Este es el motivo principal que ha llevado a las Diputaciones de Alicante y Castellón a levantarse en contra de la decisión tomada por la Generalitat y contra la que estudian emprender acciones legales.

Las Corporaciones provinciales reciben una asignación económica anual. Hasta ahora, ellas decidían qué partida destinaban a turismo. Sin embargo, con la aprobación del «decretazo», esta partida deberá pasar por el Consejo de Coordinación creado en el decreto y en el que están representados todas las Diputaciones, pero también hay miembros del Consell. Es decir, que los representantes, por ejemplo, del Patronato Costa Blanca de Alicante, no cuentan con la mayoría suficiente- solo tienen dos representantes- para sacar adelante su propuesta y el dinero, finalmente, puede acabar en un proyecto de otra provincia.

Esta es la explicación que dio ayer el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, para dejar claro hasta qué punto el Consell tiene en sus manos la política turística.

Insistió en que el decreto ha sido aprobado sin consenso y confesó que él mismo se encargó de hacer pública una carta que envió al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para solicitarle un mes moratoria en la aprobación del decreto. A cambio, él se comprometía a que en este tiempo celebraría una serie de reuniones con el sector para trasladarle una postura común. Sin embargo, el Consell retrasó 15 días su aprobación.

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, insistió en que esta afirmación demuestra claramente que la portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, mienten cuando dicen que se ha producido un proceso de diálogo y acuerdo.

Oltra respondió a estas acusaciones diciendo que las Diputaciones no querían negociar, sino imponer su voluntad y aseguró que el Consell varió su postura inicial para aumentar la participación de las Corporaciones provinciales en el Consejo de Coordinación.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, lamentó que el Gobierno valenciano quiera volver a la «esencia del centralismo».

Acusó a la Generalitat de jugar con la prestación de servicios básicos para los ciudadanos y les instó a emitir un decreto que consiga coordinar a los altos cargos del Gobierno valenciano, que no hacen más que «puentearse».

En esta misma línea, Sánchez sugirió a Puig que se encargue de gestionar las competencias que le son propias y deje a las Diputaciones trabajar sin intromisiones.