El Gobierno cuestiona la legalidad del decreto sanitario

Los Ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Sanidad y Servicios Sociales han planteado discrepancias a varios artículos del decreto ley de la Generalitat que devolvió la atención sanitaria a inmigrantes irregulares en la Comunitat Valenciana al estimar que pueden ser inconstitucionales. El Gobierno ha solicitado en consecuencia la creación de una comisión bilateral de cooperación entre la Administración del Estado y la Generalitat con el fin de buscar una solución que evite la presentación del recurso de inconstitucionalidad, según un escrito del Gobierno al que ha tenido acceso Efe.

En ese escrito, el Gobierno expone que el decreto ley que el Ejecutivo valenciano aprobó el pasado 24 de julio por el que reguló el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana puede incurrir en extralimitación competencial.

Ese decreto devuelve la cobertura sanitaria a 30.000 personas excluidas del sistema público, a las que se concede una tarjeta sanitaria, tienen acceso a la cartera básica de servicios, se les asigna un facultativo de medicina general y cuentan con prescripción de medicamentos con receta oficial y de prestaciones ortoprotésicas.

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, aseveró que la atención sanitaria integral entendida como un derecho fundamental de toda persona es un principio irrenunciable para el Gobierno valenciano, y alertó de que con el derecho al acceso integral a la salud no se mercadea.

Explicó que esa norma fue avalada por los servicios jurídicos de la Abogacía General de la Generalitat, y que dos pronunciamientos del Tribunal Constitucional han respaldado medidas similares de extensión de la cobertura asistencial en País Vasco y Navarra para reconocer la universalidad de la atención sanitaria.

En su opinión, la propuesta del Ministerio de convocar una comisión bilateral tiene otro propósito, rebajar el alcance de la medida.

Montón recordado que solicitó al Ministerio incluir el debate de la universalidad de la atención sanitaria en España en el orden del día del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y se les negó.

Aseguró que una vez aprobado el decreto ley 3/2015 de universalidad de la atención por el pleno del Consell, y posteriormente validado en Les Corts sin ningún voto en contra, la Conselleria no negociará «a la baja».