El juez mantiene la imputación a los concejales del PP

Beatriz Simón se niega a declarar y el resto de concejales se ratifican en su testimonio y niegan que les devolvieran el dinero

Beatriz Simón fue una de las dos personas que se negó a declarar ante su señoría
Beatriz Simón fue una de las dos personas que se negó a declarar ante su señoría

Beatriz Simón se niega a declarar y el resto de concejales se ratifican en su testimonio y niegan que les devolvieran el dinero

Seis concejales del PP prestaron ayer declaración ante el juez de instrucción número 18 de Valencia, sobre el presunto blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia. Para ser más exactos, lo hicieron cuatro, porque dos no quisieron declarar, una de ellos, Beatriz Simón.

Los declarantes se ratificaron en lo dicho ante la Guardia Civil, que en líneas generales se podría resumir en que pagaron los mil euros que les requirieron, pero que ninguno de ellos cobró el reembolso de dicha cantidad, por lo que desconocen si se pagó en efectivo, en billetes de quinientos o en calderilla.

A su salida de la declaración, los ediles no quisieron hacer declaraciones y algunos trataron de esquivar a los periodistas saliendo por la puerta de atrás.

Los que sí se sometieron a las preguntas de los informadores, se limitaron a decir que el juez les había recordado su obligación de mantener el secreto del sumario, y que por lo tanto, no iban a declarar nada. Otros, sin inclumplir la prescripción de su señoría, sí que opinaron genéricamente sobre el proceso.

Así, Felix Crespo explicó a LA RAZÓN antes de entrar en sala que en este caso se le había dado la vuelta a la garantía jurídica de la presunción de inocencia, y que tanto sus compañeros como él tenían la presunción de culpabilidad. Crespo, profesor de Derecho Constitucional, dijo estar muy tranquilo y confiado en que en el procedimiento penal la carga de la prueba es de vital importancia y que, en ese sentido, nadie podrá demostrar nada.

Por su parte, el concejal Alberto Mendoza comentó a Efe horas después de su declaración que donó mil euros al partido pero que no se le devolvió nada, por lo que no tiene constancia de blanqueo alguno. Mendoza se considera «ajeno a esta historia», y lamentó que se le meta «en el mismo saco que una supuesta trama de comisiones» cuando él gestionó un presupuesto de 150 millones al año «sin un solo pero».

Esta situación, reconoció, está creando problemas personales a los ediles del PP que se han visto implicados en esta investigación, alguno de los cuales atraviesa un verdadero «drama», sentenció. Sobre la posibilidad de renunciar al acta de concejal, manifestó que es una decisión que deben tomar los ediles en el ámbito personal y que él esperará a que se levante el secreto , lo mismo que opinó Félix Crespo.

La investigación mira a Barberá

Por otra parte, fuentes de la investigación confirmaron que tras la declaración de alguno de los ediles se hacía más difícil pensar que la alcaldesa Barberá no estuviera al corriente y concluyeron que «si no estuviera aforada, mañana sería llamada a declarar».

Al parecer, algún declarante consideró muy extraño que la exalcaldesa Barberá no estuviera al corriente de los cobros. A todos se les preguntó si la primera edil pagó sus mil euros, aunque nadie lo pudo afirmar.

Las mismas fuentes explicaron que la probable imputación de Barberá no supondrá la pérdida del caso por parte de los tribunales valencianos, sino que se seguirá el mismo criterio que en el caso de los ERE andaluces y solo serán separados de la causa los aforados, por lo tanto, llegado el caso, y si Barberá debiera ser juzgada, lo sería en el Supremo.

Rizando el rizo, también el exconcejal hoy diputado, Miquel Domínguez, podría ser juzgado en el TSJ valenciano.

Esta dualidad o incluso tríada podría acarrear sentencias contradictorias.