Una gestora refundará el PP de Valencia tras la «operación Taula»

Al PP de Valencia no le queda más remedio que ponerse en manos de una gestora. La onda expansiva de la «Operación Taula» ha llegado demasiado lejos como para tratar de resolver el asunto a medias. Una veintena de ediles y ex ediles populares de la ciudad, así como asesores y ex asesores del grupo municipal, acudieron ayer a declarar ante la Guardia Civil en condición de investigados (antes imputados) en relación al supuesto cobro de comisiones o posibles casos de blanqueo o financiación ilegal del partido.

En un comunicado posterior, el grupo municipal popular –que cuenta con nueve concejales– ha defendido su absoluta «honradez y honorabilidad» y aseguraba que no se acusa a sus miembros por el cobro de comisiones ni adjudicaciones fraudulentas. Sus miembros insisten en que no han cometido «jamás ningún acto ilícito».

La dirección regional ya tenía claro que este era el camino a seguir, pero no quiso confirmarlo hasta ayer para respetar, aunque sea mínimamente los tiempos y las formas.

La presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, ya advirtió de que la contundencia regirá todas sus actuaciones. La dirección nacional la apoya y ambas han acordado que el Comité de Derechos y Garantías suspenda cautelarmente de militancia a aquellos que sean investigados. Así mismo, el pasado martes el Comité de Dirección acordó que dejen sus cargos orgánicos. De ahí, que el Partido Popular de Valencia quedase descabezado en el minuto uno de la operación.

Durante el registro realizado por la Guardia Civil de las dependencias municipales del PP, su presidente, Alfonso Novo, fue informado de que debía declarar como investigado. Se le suspendió cautelarmente de militancia y se le apartó de su responsabilidad de portavoz en el Ayuntamiento. El siguiente paso, en función de cómo salga de la citación de la declaración ante el juez el próximo miércoles, será dejar el acta de concejal. Si se niega, pasará a formar parte del grupo mixto.

De momento, a los ediles que declararon ayer y a los que lo harán el lunes, en total suman medio centenar, se les ha abierto un expediente informativo, tal y como marcan los estatutos. El Comité de Derechos y Garantías esperará a ver cómo evolucionan los acontecimientos antes de aplicarle las mismas medidas que a Novo.

Sin embargo, su relación con el caso, hace inviable forjar una nueva estructura con su presencia. A esta situación, se añade que Bonig ya venía tiempo estudiando la necesidad de dar un vuelco a esta agrupación. El paso a la oposición después de 20 años de Gobierno les ha dejado muy debilitada. Ahora pide «paciencia» para no dar pasos en falsos y aprovechar esta situación para reforzar el partido.