Cinco ex cargos del PP de Valencia serán juzgados por delito electoral

El juez De la Mata manda a juicio a 20 acusados por posible financiación irregular en 2007 y 2008

Francisco Correa durante el juicio de la trama Gürtel
Francisco Correa durante el juicio de la trama Gürtel

El juez De la Mata manda a juicio a 20 acusados por posible financiación irregular en 2007 y 2008

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha mandado a juicio a 20 imputados relacionados con la «trama Gürtel» de Valencia, entre ellos cinco ex altos cargos del PP y del Consell, como Ricardo Costa y Vicente Rambla, ex secretario general del PPCV y diputado autonómico, y el ex vicepresidente de la Generalitat y ex diputado autonómico, respectivamente, por los delitos fiscal y electoral relacionados con una presunta financiación irregular de los populares en las elecciones autonómicas de 2007 y generales de 2008. Para ambos, el fiscal pide siete años y nueve meses de cárcel. También se sentarán en el banquillo por esta pieza del «caso Gürtel» el antiguo vicesecretario de organización y diputado regional David Serra, su antecesora en la gerencia Cristina Ibáñez, así como la ex gerente, tesorera regional y diputada Yolanda García, y los considerados «cabecillas» de la «trama Gürtel», Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, «el Bigotes», y varios empresarios.

En la resolución del magistrado, se señala que el PP de Valencia contrató a Orange Market, una de las empresas de Correa, para realizar todos los actos de campaña de los citados comicios, así como los llevados a cabo desde 2006. Para el juez, la investigación ha puesto de manifiesto que la forma de pago por los populares valencianos a esa empresa tenía una «forma dual», es decir, «al menos en una parte relevante se abonó con cantidades económicas ajenas al circuito económico legal, mientras otra parte se abonaba de modo legal, mediante emisión de factura». Y es que, añade el instructor, los acusados integrados en el PPCV, «cada uno con distinta función», contrataron a esa empresa «con servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros. En ambos casos, tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad». La parte que se pagaba con dinero oficial se denominada «Alicante», mientras que lo abonado con dinero «b» se llamaba «Barcelona».

De hecho, según De la Mata, de los procesos electorales de 2007 y 2008, la única cuantía declarada por Orange Market y por el PPCV fue 175.000 euros, cuando la realidad es muy diferente, según se desprende, indiciariamente, de la investigación: «Los servicios prestados por Orange Market SL al PPCV con motivo de las elecciones de 2007 que no fueron objeto de facturación, contabilización y declaración tributaria fueron, al menos» de 1.155.231,43 euros en las elecciones autonómicas, y 78.873,33 en las municipales de ese mismo año; mientras que en las generales de 2008 obtuvo 801.810 euros, sin que esos servicios prestados fueran «objeto de facturación, contabilización y declaración tributaria».

Pago por empresas

Por otro lado, el juez también considera que un grupo de empresarios contribuyó a financiar al PP en esos comicios, «en connivencia» con los acusados vinculados a los populares valencianos y a la mencionada empresa de la «trama Gürtel». Esas empresas, destaca De la Mata, estaban «integradas en grupos empresariales beneficiarios de contratos con la Administración Pública valenciana», y asumieron el pago de los servicios adeudados por dicha formación política a Orange Market, «haciéndolos aparecer como pago de servicios prestados» por esta empresa a las sociedades que realizaron esos pagos.

Esos abonos, añade la resolución, se hicieron por las empresas en cuestión directamente a la contratada por el PPCV para sus actos de campaña, y ésta, en contraprestación, les facilitaba las facturas correspondientes a «supuestos servicios que, en realidad, no habían sido prestados».

La Fiscalía cree que la expansión del Grupo Correa a Valencia entre 2003 y 2005 «tenía como finalidad aprovechar las posibilidades de negocio mediante el acceso a determinadas personas que desarrollaban su actividad política en aquella comunidad, con el objetivo de conseguir una posición ventajosa en la adjudicación de contratos en actos del partido, de la Administración o entidades dependientes».