La CEV acusa a Compromís y Podemos de atentar contra la libertad empresarial

La patronal se pone en pie de guerra tras las enmiendas presentadas por ambas formaciones políticas a la Ley de Sanidad que impide a una sociedad tener más del 40 por ciento de una concesión

La patronal valenciana no pudo guardar más silencio y ayer salió en defensa de Ribera Salud, principal afectada por las enmiendas que Compromís y Podemos presentaron esta semana a la Ley de Sanidad. En estas alegaciones se solicita que ninguna compañía pueda contar con más del 40 por ciento de las acciones de una concesión sanitaria.

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, aseguró, tras mantener un encuentro con el consejero delegado de Ribera Salud, Alberto de Rosa, que se trata de una «ofensiva contra el libre ejercicio de la actividad empresarial y la competencia».

Recordó que estas enmiendas coinciden en el tiempo con la operación de tanteo que la empresa está llevando a cabo para comprar las acciones de DKV en el Hospital de Dénia. La compañía dirigida por De Rosa posee ya el 35 por ciento de los títulos en dicho recinto sanitario, a parte de la concesión del Hospital de La Ribera de Alzira, que está a punto de expirar.

«La enmienda atenta directamente contra el libre ejercicio de la actividad empresarial del grupo y nos sitúa, una vez más, en un escenario de inseguridad jurídica que no pasa inadvertido a inversores foráneos y de la propia Comunitat Valenciana y que en nada beneficia, por tanto, a la mejora económica y social de nuestro territorio», añadió.

El presidente de la CEV volvió a insistir en «las bondades de la gestión de recursos públicos a través de mecanismos de colaboración público privada».

En su opinión, debe superarse «la estigmatización sobre esta fórmula de gestión que afecta, también, a empresas que gestionan o aspiran a gestionar privadamente servicios públicos».

Preguntada por este asunto, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, respondió que se trata de defender la igualdad entre las empresas a la hora de acceder a las contrataciones públicas, «algo que se había roto y conculcado gravemente con la política del antiguo gobierno del PP, donde lo que funcionaba era el mercado de amiguetes, las mordidas y el que estuviera más cerca del poder».

Subrayó que Navarro defiende intereses empresariales y el Consell, el interés general, y rechazó sus críticas acerca de que en la Comunitat Valenciana hay inseguridad jurídica.

Indicó que en las colaboraciones con el ámbito privado en servicios sociales y sanidad buscan «primero, que la persona esté en el centro, no la empresa, y segundo, que se tutelen cláusulas que hagan que la sartén por el mango la tenga el organismo público y no la empresa adjudicataria».

Desde su punto de vista, «cuanto todo un sector de servicios públicos está en manos de una sola empresa, el control ya no lo tiene la Administración, lo tiene la empresa».