La comunidad educativa se pronuncia sobre el nuevo «plurilingüismo»

Colectivos, asociaciones y sindicatos difieren sobre el proyecto de ley, hay desde quienes lo «aplauden» hasta los que denuncian un «fraude»

«Rectificar es de sabios. El actual gobierno está reconociendo que se ha equivocado y que la política de Marzà ha fracasado. Esperemos que esta nueva propuesta lingüística no sea, otra vez, una fachada de un proyecto que falta a la verdad y a la realidad».

Con estos términos se pronunció el vicepresidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) en la Comunitat, José Antonio Rodríguez, instantes después de que los portavoces parlamentarios que componen el Pacto del Botànic -PSPV, Compromís, Podem- presentaran el viernes una proposición conjunta para la elaboración de una nueva ley de «plurilingüismo».

Aunque todavía no es oficial, dado que deberá superar el preceptivo en Les Corts, esta propuesta teórica fijaría para los colegios un mínimo del 25 por ciento de horas lectivas tanto en castellano como en valenciano y entre un 15 y un 25 por ciento en inglés, lo que desligaría el incremento de horas de la lengua extranjera a un aumento de horas en valenciano, tal y como se contemplaba en el decreto de plurilingüismo que suspendió el TSJCV.

A pesar de que esta modificación fue bien recibida, incluso aplaudida, por los partidos de la oposición -desde el PP hablaron de «victoria de la sociedad contra el chantaje lingüístico»- entre los colectivos de padres y madres no se mostraron tan optimistas con el nuevo programa, que irrumpe por sorpresa y «sin consulta previa», tal como denunció el presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres (Fcapa), Vicente Morro. «Estamos en la dinámica de siempre: tanto la Conselleria como el tripartito, ignoran a la comunidad educativa. Lanzan un proyecto sin consenso alguno y, como mucho, te permiten opinar a posteriori. Tienen un proyecto ideológico y lo quieren imponer como sea. Por eso, ahora presentan un proyecto de ley cuando los programas educativos siempre se han regulado por decreto y dentro del ámbito educativo, con el sector. ¿Qué sentido tiene ahora hacerlo por ley? Entiendo que buscan aprovechar su mayoría parlamentaria en este y, además, impedir el acceso de la sociedad civil a los recursos».

El mismo mensaje pero con distintas palabras compartieron desde la plataforma Por La Libertad Lingüística, alegando que «el conseller Marzà, se ha vuelto a sacar de la chistera un nuevo plan para defender su ideología. Han maquillado su decreto de plurilingüismo creyendo así que las familias tragaremos. Su nueva estrategia de porcentajes sigue sin dar opción a los padres a elegir la lengua vehicular y, de igual modo, se seguirá beneficiando a los centros que cojan mas valenciano (tal como prescribe el art. 11), exactamente un 50 por ciento. Además establecen un mínimo del 25 por ciento en castellano para cubrirse las espaldas ante el Ministerio de Educación ya que es el mínimo que exige la LOMCE».

Razonable y sensato

En contraste a las anteriores voces, la Federación de Sindicatos Independientes en la Comunitat (FSIE-CV) calificaron el nuevo proyecto de «razonable y sensato, en tanto que apunta a un conveniente equilibrio entre las lenguas oficiales de la Comunitat junto al menos una lengua extranjera y un amplio margen de libre disposición».

De «avance» hablaron desde la Federació d´ensenyament de CCOO aunque quisieron apostillar una serie de precauciones. Desde el sindicato consideraron que «debe haber tanto un seguimiento como un acompañamiento. Es decir, que se realicen evaluaciones con frecuencia de manera que se pueda analizar cómo están avanzando los alumnos en inglés, castellano y valenciano» y, por ende, «valorar si sirve este modelo o requiere de modificaciones».

Tal como recoge el artículo 18 de este proyecto de ley, se realizarán al menos cada cuatro años evaluaciones de los resultados y de la aplicación del proyecto lingüístico. Y, además, tal como solicitaron desde CCOO, la Conselleria de Educación «garantizará una oferta formativa para el personal docente para la correcta aplicación de los proyectos lingüísticos» (art. 27. 2).

condenado al fracaso

Con todo, voces expertas defienden que a la hora de implantar «un programa plurilingüe» hay que ser todavía más rigurosos y ambiciosos. «La metodología lingüística requiere saber a qué edades introducir la exposición al nuevo idioma; precisa adaptar los porcentajes de idiomas de enseñanza a las particularidades del colectivo escolar de una zona concreta; exige un conocimiento especializado de los profesores en enseñanza de segundas o terceras lenguas; necesita expertos para lograr integrar los idiomas de los alumnos no nativos . En resumen, cualquier intento serio de aplicar la metodología plurilingüe, según las recomendaciones del Consejo de Europa, pasa por actuar de forma altamente cualificada. Cualquier implantación de un sistema homogéneo de un único tipo de plurilingüismo como el futuro programa de Marzà, basada en porcentajes fijos de cada idioma por asignaturas está llamado al fracaso», explicó Pilar Jauregui, experta tras más de 40 años de experiencia en Aprendizaje Especializado de Idiomas.

De «fracaso y fraude» hablaron desde la plataforma Idiomas y Educación alegando que esta nueva ley, -lejos de «asegurar el dominio de las competencias plurilingües e interculturales del alumnado valenciano», tal como expresa el artículo 1- persigue imponer de una manera «todavía más abusiva» la lengua valenciana sobre la castellana. «La administración educativa promoverá que los centros sostenidos con fondos públicos vehiculen un 50 por ciento del tiempo curricular en valenciano, (art.11). En Idiomas y Educación pensamos que será incluso más del 60 por ciento. Es decir, en territorio calificado de predominio valencianohablante, aunque no lo sea (en Alicante ciudad no lo habla ni el 3 por ciento), el valenciano alcanzará cifras superiores a los niveles Avanzado 1 y Avanzado 2 del Decreto 9/2017, ahora paralizado por discriminatorio. Esta ley es todavía más abusiva, y según dice cuenta con el beneplácito del Gobierno Central, un gobierno que tiene la oportunidad de comprobar ahora en Cataluña los efectos de estas mismas medidas que pretenden ahora aplicarse en la Comunitat».