La Comunitat, lejos de cumplir la Ley de Morosidad ya en vigor

Desde el pasado 1 de enero, las Administraciones públicas españolas, tanto la central como las autonómicas, están obligadas a pagar a sus proveedores en un plazo de 30 días, y las empresas privadas en 60. Así lo marca la Ley 15/2010, que se ha estado «ensayando» durante los últimos años pero que, a partir de este, debe cumplirse por obligación, sobre todo porque en marzo entrará en vigor una directiva europea que marca los mismos tiempos y en caso de incumplirse, España podría ser sancionada.

Huelga decir que la Comunitat Valenciana, como la mayoría de las Autonomías, están muy lejos de cumplir con esos plazos. Así lo aseguró ayer la directora ejecutiva de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Pilar Ferrer, quien aseguró que el Gobierno central se acerca un poco más a los tiempos marcados por la normativa, puesto que los devengos se efectúan en 45 días.

Desde la Conselleria de Hacienda y Administración Pública admitieron que están lejos de cumplir con los 30 días marcados por la Ley, pero también señalaron que gracias al Plan de Pago a Proveedores realizado el año pasado, se ha conseguido reducir en gran medida este factor.

Momento de la verdad

Hasta ahora, el no cumplimiento de la normativa no ha tenido ninguna consecuencia, no ha habido medidas punitivas de ningún tipo, pero con la aplicación de la norma europea a partir de marzo la situación cambia.

De ahí, que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, haya anunciado la medida de que los proveedores de las Administraciones locales y autonómicas presenten las facturas directamente a su Departamento para que las pague directamente el Gobierno de una forma más rápida, en un plazo más razonable. Después estas cantidades se descontarán de las liquidaciones de la financiación autonómica a cada región.

De esta forma, ante la Unión Europea, los plazos de pago de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, serán menores y quedarán exentos de cualquier posible amonestación.

En cuanto a las empresas privadas, la PMcM denuncia que pymes y autónomos están sometidos actualmente a un doble estrangulamiento, el de la restricción crediticia y el del impago de los importes que tanto Administraciones Públicas como otras empresas les adeudan.

Ante esta situación, la PMcM ha solicitado a la Administración que ponga en marcha con carácter de urgencia medidas que permitan mejorar la liquidez de las empresas en estos momentos de escasez de crédito. Por ejemplo, la implementación de la prometida aplicación del criterio de caja en las declaraciones de IVA de pymes y autónomos, que evitaría que tuvieran que adelantar el importe de esta tasa de facturas que todavía no han cobrado, lo que supondría un gran alivio financiero.