La concertada, contra el nuevo «recorte a las libertades» de las familias

La ministra anuncia la intención de eliminar el criterio de «demanda social», lo que impide a las escuelas no públicas ampliar su oferta educativa

El anuncio del Gobierno central de eliminar el criterio para la educación concertada que tiene que ver con la demanda social (y que permite a estos centros ampliar más plazas si los padres así lo solicitaban) no ha sentado nada bien en el sector. A falta de que la propuesta se materialice (se necesita una mayoría en el Congreso que el PSOE no tiene), los afectados lamentan el nuevo «ataque» del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la enseñanza no pública.

Así, la secretaria autonómica de Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez, opina que el plan de la ministra de Educación, Isabel Celaá, es «un nuevo recorte a las libertades de las familias, que tienen derecho a elegir dónde estudian sus hijos». No obstante, apostilló: «Este Gobierno hace y deshace muy a menudo, así que no me extrañaría que en los próximos días rectificaran o dieran una explicación por el 'malentendido'». No obstante, esta «modus operandi» les puede pasar factura en las próximas elecciones, vaticinó Rodríguez. «Las elecciones de mayo están a la vuelta de la esquina, y la sociedad civil deberá elegir quién quiere que les gobierne y si ese partido es un partido que no respeta la familia y que dice una cosa y la contraria».

Por su parte, a la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) le preocupa «la insistencia en suprimir el concepto de 'demanda social' a la hora de hacer la planificación de puestos escolares».

Esperan conocer pronto la propuesta de texto alternativo al actual artículo 109. «La ministra ha reiterado su mensaje de total y absoluta tranquilidad a las familias que optan por llevar a sus hijos e hijas a la escuela concertada, pero el hecho es que ese artículo es precisamente el que está impidiendo en diversas comunidades autónomas los intentos de retirar unidades de concierto de aulas con más alumnos que en los centros públicos del entorno, casi siempre en zonas de escasos recursos».

La CECE coincidió con Celaá en la voluntad de que «haya una igualdad de condiciones entre la red pública y la concertada y así deje de propiciarse una estéril confrontación entre ambas».

Al respecto, el director gerente de la Federación de Centros Educativos de Valencia (Feceval) Mariano Vivancos, explicó que la de la ministra «es una interpretación muy parcial de la Constitución, pues si se castiga a la concertada, esa libertad educativa de la que se habla, se ve mermada. Nos vamos a oponer firmemente a cualquier planteamiento de este tipo». Aunque explicó que el anuncio no es nuevo. «Llueve sobre mojado. No es nada nuevo. Es la posición recurrente del PSOE».

Los «eufemismos» de la Lomce

Celaá explicó ayer que el anuncio de modificar el artículo 109 de la Lomce, relativo a la red de centros, se debe a «la obligación del poder público de garantizar el derecho a la educación de todos los niños». Recordó que la Lomce, aprobada por el PP, fijó en el artículo 109.2 que debían ofertarse las plazas «por demanda social», algo que Celaá calificó como un «eufemismo» que ha llevado a veces a que se dé más peso a la concertada que a la pública.