La escasa audiencia abre la caja de los truenos en À Punt

Nadie está contento con À Punt. Los malos resultados de audiencia y la falta de presupuesto que ha provocado recortes ha levantado innumerables críticas entre políticos, productoras y profesionales.

Reflotar el sector audiovisual fue uno de los argumentos esgrimidos por los grupos políticos, especialmente PSOE, Compromís y Podemos, para poner en marcha de nuevo una televisión y radio cerradas por el PP. Hoy muchas de ellas han visto como perdían sus contratos y otras se quejan de que están «financiando» la cadena al adelantar el dinero de los programas sin que se tenga en cuenta los intereses bancarios que genera esta financiación. «Han pasado de querer ser el motor de las empresas a convertirnos en sus bancos, pero lo intereses los pagamos también nosotros». Las productoras se quejan de que existe «un verdadero chantaje» a las empresas del sector, pero también de que hay miedo ante posibles represalias. Lo que algunos han denominado «chantaje», viene directamente de los directivos de la cadena. Nadie se atreve a dar su nombre pero aseguran que en las reuniones que mantienen se les anima a pedir cuentas a los grupos políticos para que inyecten dinero en À Punt. El argumento: «Así tendréis trabajo».

La responsabilidad de la situación la achacan los profesionales al equipo de dirección del ente que, según manifiestan, está haciendo una programación «a su medida» con empresas que le son afines. Los más atrevidos incluso afirman que hay «una lista negra» de productoras y la compara con la que en su día realizó el PP y que fue criticado por la hoy directora de la cadena, Empar Marco y la actual jefa de informativos, Esperanza Camps, en el libro escrito por ambas «Vertigen». Las críticas se centran en la carga personalista que la directora general ha impuesto en la cadena y que, señalan «están hundiendo a las productoras valencianas.

Pero hay más. Las acusaciones de «amiguismo» son continuas. Hasta se habla de clanes familiares que se llevan la mayoría de las contrataciones. Hasta ahora nadie había levantado la voz, pero la situación de precariedad económica ha hecho promover un temporal del que todavía no se conocen las consecuencias. «Solo hay que ver las relaciones familiares que existen entre algunos directivos del equipo de la directora general y los responsables de las productoras que hoy tienen programas en À Punt, tanto en la radio como en la televisión». De lo que hablan es de adjudicaciones a dedo sin ningún tipo de control público y sin ninguna convocatoria pública. La inmensa mayoría de los implicados considera que el problema no es la falta de recursos económicos, sino la mala gestión de los medios.

Los profesionales acusan a la dirección de que «no se ha sabido gestionar los recursos económicos». Y aseguran que no debería haber unos servicios centrales para no duplicar los medios, especialmente los de gestión y lingüistas.

El papel de los partidos

Nadie está contento. Ni siquiera aquellos que cocinaron la ley que ahora todos quieren cambiar. «Se hizo con demasiadas prisas y ahora pagamos las consecuencias». Todos tienen una víctima: la directora general. Nadie apuesta por ella y será la cabeza a cortar.

El único partido que hoy mantiene la misma posición que hace tres años es el PP. Entonces ya rechazó el documento y hoy muestra su sorpresa ante la reacción de todos los grupos que la apoyaron y que ya han dicho que quieren cambiarla. Incluso Ciudadanos.

La presidenta del PP en la Comunitat, Isabel Bonig, asegura que la ley que aprobó el tripartito en 2016 estuvo falta de rigor en la tramitación. «No hubo informes, ni del Consell Juridic Consultiu, ni del Consejo Económico y Social, ni de la Abogacía de la Generalitat. Ni siquiera aceptaron nuestra propuesta para que la Dirección General de Presupuestos, informase de la oportunidad y disponibilidad de los fondos destinados a ella».

Coinciden también con los profesionales en que la selección de personal ha seguido criterios que nada tienen que ver con la igualdad, el mérito y la capacidad, sino que muchos de ellos han sido de personas con carné o muy próximas» a los partidos del Botànic. La consecuencia, incide Bonig, de primar el partidismo ante la profesionalidad es la desafección total de los valencianos hacia su RTVV. Las irregularidades en la gestión fueron destapadas por al Sindicatura de Comptes. Esto hizo que el PP presentara una denuncia contra el presidente del Consejo Rector y la directora general que están siendo investigados. Toni Cantó, líder de Ciudadanos, también se apunta a la modificación de la ley. Su principal motivo es que considera que À Punt está anticuada y no se adapta a las necesidades de una sociedad del siglo XXI y a las nuevas tecnologías. Su apuesta es «repensar» el modelo que su partido consideró oportuno hace solo tres años. También en el siglo XXI. Las desavenencias de la dirección con el Consejo Rector y los partidos que componen en Consell son evidentes.

Ahora todos quieren más profesionalización.