La Generalitat cerró 2015 con 871,2 millones de «facturas en los cajones»

El informe de la Sindicatura de Cuentas califica de «delicada» la solvencia de la Administración valenciana

Las «facturas en los cajones» siguen apareciendo en las cuentas de 2015, concretamente por un importe de 871,2 millones de euros. Y esto a pesar de que a partir del mes de junio llegó al Consell el tripartito, que tanto criticó esta práctica cuando era el PP quien gobernaba. El informe de la Sindicatura de Cuentas, entregado ayer en Les Corts y también al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, deja ver que en aquel año aún se dejaron facturas en la llamada cuenta 409, es decir, la de operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.

Además, indica que si estos gastos se hubieran aplicado en los ejercicios en los que se devengaron, se produciría una disminución de 420,6 millones de euros en el saldo negativo del resultado presupuestario. Esto quiere decir que esta cantidad no corresponde al ejercicio 2015, mientras que los otros 450 (hasta llegar a los 871,2) sí se devengaron en dicho año.

Asimismo, aparecen 965 millones de euros en la cuenta 411, correspondiente a los «acreedores por periodificación de gastos presupuestarios». El informe señala que si esta cantidad se hubiera aplicado en los ejercicios correspondientes -como en el caso anterior- el saldo negativo sería inferior en 58 millones de euros. Esto refleja un agujero de 478 millones de euros en facturas por aplicar a presupuesto.

Esta es una de las incidencias que se señala en el informe del Síndic de Comptes, Vicent Cucarella, que entregó ayer su primer documento de fiscalización desde que llegó al cargo este año. El texto aconseja también a la Generalitat aumentar en 286 millones de euros la provisión para insolvencias, puesto que solo así se cubrirá la totalidad de los derechos que se estiman de «dudoso cobro».

En cuanto al cumplimiento de la normativa, el Síndic destaca que los niveles de pagos son «muy bajos o incluso nulos en algunas líneas de subvenciones, lo cual supone un «efecto negativo que podría ser importante sobre determinados colectivos o entidades cuyas actividades son objeto de las ayudas».

En cuanto a la situación económico-patrimonial de la Generalitat, el documento apunta que se observa un «grave desequilibrio» en las principales magnitudes económico-financieras de la Administración. Así, el pasivo asciende a un total de 45.092,2 millones de euros, que es más del doble del activo total. El endeudamiento financiero asciende a 39.579,9 millones de euros, importe que representa el 87,8 por ciento del total de acreedores.

Por otra parte, el fondo de maniobra alcanza un importe negativo de 10.078,3 millones de euros, lo que pone de manifiesto, señala el informe, «una posición delicada en la liquidez y solvencia a corto plazo de la Generalitat».

Por lo que respecta a los organismos públicos, el documento detecta «irregularidades significativas» e «indicios de responsabilidad contable» en las cuentas de los consorcios de los hospitales General de Valencia y Provincial de Castellón, y las remitirá al presidente y al fiscal del Tribunal de Cuentas. La Sindicatura observa «debilidades significativas en los procedimientos de gestión y control del gasto» de ambos consorcios hospitalarios, que consisten fundamentalmente en «la inexistencia de mecanismos de control jurídico y económico sobre las decisiones de gasto».

Por su parte, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, se mostró satisfecho con el informe puesto que «avala» y «da más fuerza si cabe» a la Generalitat de cara a «la próxima batalla por la reforma de la financiación autonómica».

A su juicio, el informe acredita que la deuda histórica del Estado con la Comunitat Valenciana asciende a 14.380 millones solo en el periodo 2002-2015, unas cifras que ponen de relieve «cómo los ingresos que tenemos como Generalitat son claramente insuficientes para que los valencianos tengan unos servicios públicos fundamentales dignos».