Valencia
La Generalitat tendrá prioridad para comprar los bienes del IVF
La Administración tendrá derecho de tanteo para adquirir los inmuebles ejecutados por préstamos fallidos del instituto
La Administración tendrá derecho de tanteo para adquirir los inmuebles ejecutados por préstamos fallidos del instituto
La Generalitat valenciana tendrá derecho de tanteo -prioridad- a la hora de adquirir aquellos activos que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) saque a la venta tras ejecutar avales por préstamos fallidos. Así consta en el nuevo decreto que regula el reglamento que desarrolla las políticas internas de este ente y que fue aprobado el pasado viernes en el pleno del Consell.
Según fuentes del IVF, está previsto que el próximo mes de abril estos inmuebles estén ya disponibles en la página web de la entidad para su compra. En concreto, se trata de once activos por un valor de 9,8 millones de euros.
Estas mismas fuentes explicaron que el nuevo reglamento aborda la gestión de préstamos impagados, aspecto que ejemplifica con claridad la necesidad de aplicar las mejores prácticas del sector financiero a la actividad interna del IVF.
En este sentido, el reglamento regula con detalle la gestión de los bienes que se adjudica el IVF como consecuencia de la reclamación de garantías en operaciones que resulten fallidas.
Así, se especifica que el IVF, en la medida en que se ejecuten garantías constituidas (bienes inmuebles o bienes muebles), tiene como objetivo devolver estos bienes al mercado y, para ello, el reglamento prevé los procedimientos que en mejor medida aseguran estos procesos, garantizando los principios fundamentales de la gestión en el ámbito de la actividad pública.
La finalidad última del reglamento es aplicar en la gestión interna del IVF las mejores prácticas del sistema financiero, homologándose así a los principales operadores del sistema bancario actual.
Este decreto se aplica a toda la gestión que realiza el IVF en el marco de su actividad crediticia, desde el estudio y la concesión de operaciones, hasta su recuperación ante un eventual impago de los préstamos.
El organismo público, al estar su actividad crediticia sujeta al derecho privado, podrá a partir de ahora refinanciar las operaciones que concede del mismo modo que lo hacen las entidades financieras.
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