La Intervención General da por nulo el acuerdo de Àpunt con los sindicatos

El acuerdo entre la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) y las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito del sector público instrumental de la Generalitat Valenciana en 2017, carece de valor. Así lo ha establecido la Intervención General de la Generalitat en el informe realizado sobre la radiotelevisión pública dentro del plan anual de auditorías del sector público que analiza las cuentas de aquel año.

La razón por la que el convenio ha sido anulado no es otra que la falta de un informe por parte de la Conselleria de Hacienda, responsable del sector público. «Se ha verificado la inexistencia del citado informe, por lo que se incumple con lo dispuesto en el art. 35.1 letra c) de la Ley 14/2016 (...), siendo la consecuencia la nulidad de pleno derecho del acuerdo adoptado». Dicho artículo establece los requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario al servicio de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental.

Al respecto, desde la CVMC explicaron únicamente que el informe en cuestión «está en trámite».

Pero esta no es la única salvedad que la Intervención General ha detectado en el ente público. Llama la atención al presidente del Consejo Rector, Enrique Soriano, por no tener formalizado el contrato de alta dirección, por lo que se recomienda a la CVMC que se le tramite el mismo.

Además, enumera una serie de operaciones transaccionales en las que la CVMC no ha facilitado los documentos acreditativos de que los precios pagados son los de mercado. Es el caso de elementos cedidos en uso por la mercantil Radiotelevisión Valenciana, SAU, que se encuentra en liquidación; la utilización de parte de las instalaciones que han sido cedidas en uso a la Corporación por parte de la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación de la Comunitat Valenciana; así como la utilización conjunta entre ambas entidades de gastos de estructura y servicios del personal contratado «sin establecerse contraprestaciones al no existir una separación adecuada de funciones y actividades entre las mismas». El informe de la Intervención sobre el ejercicio 2017 muestra unas pérdidas de 3,2 millones de euros.

La radiotelevisión pública no es la única empresa pública que presenta alguna irregularidad, de hecho, tal y como ya contó este periódico, el 60 por ciento de las empresas públicas analizadas por la Intervención cuentan con algún tipo de salvedad, referidas sobre todo a gastos de personal y gastos derivados de la contratación.

Errores en las facturas

En el caso de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), un ente creado por el actual Consell, los errores afectan a las facturas. En concreto, el informe de la Intervención reza que durante 2017 «no consta que las facturas tramitadas por la entidad hayan sido objeto de registro de entrada ni que la entidad lleve un registro específico de facturas».

Presenta además un error similar al de la CMVM, puesto que la AVI no ha formalizado un contrato de alta dirección con el videpresidente ejecutivo, órgano que ostenta la máxima responsabilidad en la Agencia.

La empresa presentó unas pérdidas durante aquel ejercicio de 78.827,5 euros.