Las enfermeras «hartas» de que la Generalitat las ignore

Los colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia (Cecova) han manifestado que «están hartos» de la «nula» política de promoción de la profesión de Enfermería que realiza la Generalitat Valencia. En un comunicado hecho público ayer, anunció que van a denunciar, por intrusismo profesional, a todos los ayuntamientos que contraten «solo a trabajadores sociales en lugar de enfermeras» para realizar los procesos de valoración de personas en situación de dependencia, al estar confiriendo este cometido a «profesionales no sanitarios que vendrían a realizar tareas propias de aquellas.

Los representantes profesionales culpan a la Conselleria de Igualdad de que haya puesto en marcha en la provincia de Alicante una iniciativa para que las corporaciones municipales puedan hacer los estudios de dependencia solo con trabajadores sociales por lo que consideran «responsable de fomentar» la situación. Por ello, Cecova exige que «todas las cuestiones relacionadas con la salud estén en manos de sanitarios» y creen que las enfermera son los mejores especialistas para detectar, valorar y evaluar las principales necesidades y cuidados de una persona dependiente y para establecer el plan de atención para que no se necesite la intervención de un técnico.

Cecova denuncia que no contar con estas profesionales «denota un total desconocimiento o falta de voluntad» por parte de la Conselleria.

Por su parte, fuentes de Igualdad señalaron a LA RAZÓN que está previsto que en el año 2017 se pongan en marcha «equipos multidisciplinares» para hacer las valoraciones necesarias. «Algunos» estudios los harán los sanitarios y especialmente aquellos que tienen que ver con «los casos de transtorno metal grave».

El PP cree que es irresponsable

El Partido Popular señaló ayer que las declaraciones de Mónica Oltra con respecto a la falta de agilidad en la tramitación de las ayudas de Renta Garantizada, es una crítica a la gestión que están realizando los ayuntamientos en este ámbito. Lo hace, señaló la diputada María José Catalá, «la misma persona que pasó la valoración de la dependencia a los municipios, y ahora les culpabiliza de los retrasos». También hizo referencia a la «irresponsabilidad» que supone conceder las ayudas sin que se haya aprobado el Plan de Inserción Familiar, «dado que es la única forma de garantizar una actitud activa» para intentar la reinserción laboral.

La diputada popular criticó la presentación del decreto antes de que esté aprobado por el pleno del Consell y aseguró que se ve una «clara intención» de reforzar los servicios territoriales de la Conselleria en detrimento de los ayuntamientos. «Creemos que se debería dotar con más recursos a las corporaciones locales que son los que mejor conocen la situación de las personas y las familias en riesgo de exclusión que necesitan las ayudas que garantiza la renta de ciudadanía»