Los agricultores califican de «catastrófica» la primera parte de la campaña

Esta semana comienza la retirada de cítricos para la beneficencia

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) hizo ayer un llamamiento a los agricultores para que se mantengan firmes en la negociación de los precios de los cítricos en la segunda parte de la campaña.

En su tradicional balance agrario y ganadero del año, el presidente de AVA, Cristóbal Aguado, calificó de «catastrófica» para miles de agricultores la primera parte de la campaña, con unas pérdidas de 160 millones de euros por la confluencia de circunstancias adversas.

Entre ellas, el retraso en la maduración de los frutos, la atonía inicial de la demanda debido a la ausencia del frío o la presión ejercida en los mercados europeos por cítricos procedentes del hemisferio sur, que llevó a precios «ridículos» que no han cubierto ni los costes de producción.

Esta semana comienza la retirada de cítricos para la beneficencia pero Aguado consideró mínimo el volumen incluido en esta disposición y defendió que esta medida debería haber comenzado ya en septiembre. De esta manera, se habría mantenido un precio en el mercado y evitado la ruina de los agricultores. En total, las pérdidas acumuladas en la agricultura valenciana a lo largo de 2018 a causa de adversidades climáticas ascienden a 200 millones de euros, según la estimación de la organización agraria.

En esa cantidad se engloban tanto los daños por pedrisco y viento de la primavera y el verano (70 millones y 23.000 hectáreas afectadas), como el impacto de las lluvias torrenciales de octubre y noviembre en cítricos, caqui y hortalizas (91 millones).

Paro agrario

El PSPV provincial de Castellón solicitó ayer al Gobierno adelantar el paro agrícola al que se acogen los trabajadores del campo durante los periodos del año en los que no hay actividad en el sector, con el fin de paliar los efectos «nocivos» de la crisis comercial del sector citrícola castellonense.

Según fuentes del partido socialista de Castellón, se trata de contrataciones que paga el Gobierno y que se gestionan a través de los ayuntamientos y están dirigidas a personas desempleadas eventuales o fijas discontinuas del Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social.