Los contratistas avisan de que acabar con el peaje de la AP-7 es inviable

Sin demagogia y sin oportunismo político. La Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana reclama un debate serio sobre cuál es la mejor solución al final de la concesión de la AP-7, que se producirá en diciembre de 2019.

Teóricamente, en este momento esta carretera quedará libre de peaje. Sin embargo, la solución no es tan simple. Existen varios factores que deben tenerse en cuenta para tomar esta decisión, insisten los contratistas de obra pública.

Su mantenimiento ya es muy costoso hoy en día y la liberalización hará que aumente de manera exponencial el tráfico de vehículos pesados, por lo que será necesaria una inversión mayor para mantener el firme en condiciones aptas para la seguridad de la vía.

El Gobierno dejará de ingresar por la concesión y además, deberá buscar presupuesto, 62 millones de euros anuales en conservación de esta autopista, una cantidad que actualmente sale de la concesionaria (Aumar/ Abertis).

El aumento de tráfico implicará que la autopista deje de ser una vía rápida y, en este escenario, no habría más remedio que proyectar su ampliación.

El gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, Manuel Miñés, sustenta con un exhaustivo documento los motivos que le llevan a defender que la AP-7 no puede dejar de ser de peaje. Una afirmación poco popular, pero que considera responsable e insiste en que el Gobierno central debe sacar una nueva licitación con unas condiciones diferentes a las de actuales.

El producto del canon se debe destinar al mantenimiento de la autovía, con carácter finalista y del mismo modo, el canon, que debe ser «muchísimo menor», se destinaría a fomentar la compra de vehículos no contaminantes, más limpios y eficientes.

La relicitación de la autopista debe ir acompañada de un peaje discriminatorio. Hoy en día existe la tecnología suficiente para que no todos paguen por igual. Los residentes en las localidades comunicadas por esta carretera o los que más la utilicen, pagarían menos peaje. Incluso existe la posibilidad de que se emitan abonos por temporadas. «Hay que generalizar los instrumentos telemáticos puesto que evitará que los vehículos se detengan y que permitirá realizar un triaje sobre tipo de vehículo, tipo de tráfico y frecuencia en el uso».

Por último, la concesionaria debe tener entre sus obligaciones la creación de un fondo destinado a acometer una serie de infraestructuras y conexiones para mejorar las conexiones entre la N-332 y la N-340 y la AP-7. Por ejemplo, Gandia y Oliva Sur, Xàbia CV-374, Calp y Altea o en Benicàssim y Villareal entre la N-340 y la AP-7, «obras que no se licitan por la penuria económica de la Administración».