Los informes que traen de cabeza a Compromís

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, no está nada contenta con el trabajo de la Abogacía de la Generalitat, al menos en algunos de sus informes, que le han traído más de un quebradero de cabeza. El primero de ellos fue el que tumbó todo lo hecho hasta el momento por la Conselleria de Economía Sostenible en materia de horarios comerciales. La Abogacía elaboró un documento en el que señalaba que el proceso mediante el cual el conseller, Rafael Climent, había eliminado la libertad horaria total en Valencia y Alicante, no se ajustaba a la ley.

Para Climent este asunto era uno de sus principales caballos de batalla, un compromiso electoral de Compromís, que entiende que se debe velar por los derechos de los trabajadores por encima de todo y por el pequeño comercio, para lo cual los domingos y festivos las grandes superficies y negocios deben permanecer cerrados. Por ello, el informe de Abogacía descalabró todos sus planes, hasta el punto de acabar de abrir una guerra total con su secretaria autonómica, María José Mira, a favor de la libertad horaria.

Lo cierto es que con el informe de la Abogacía se anuló todo lo conseguido por Climent, quien ahora tiene que empezar de cero. Por el momento el alcalde socialista de Alicante, Gabriel Echávarri, ya le planta cara y le advirtió la semana pasada que no permitirá que se vuelva a eliminar la libertad de apertura.

Pero este no ha sido el único problema que le ha causado el servicio de abogados de la Generalitat al partido de Oltra, pero esta vez en el Gobierno municipal. A principios de julio publicó un documento en el que advertía al equipo del alcalde Joan Ribó que no puede anular el actual Plan para el Cabanyal, que incluye la prolongación de la Avenida de Blasco Ibáñez, si no hay un proyecto alternativo. De esta forma, obligó a anular la derogación del Pepri redactado por el anterior equipo del PP.

Y es que no es tan sencillo derogar y eliminar todo lo que ha hecho un Gobierno anterior, sino que hay que cumplir unos plazos y normas.

Por su parte, la Intervención de la Generalitat prepara un informe sobre la pretendida compra por parte del Consell del Hospital de Dénia. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció que este es el primer paso de lo que será la reconversión total de los hospitales concertados al sistema público. Pero esto no es tan sencillo. Existen unos accionistas, con derecho de tanteo, que también desean adquirir el recinto.

Pero además, el gasto que supondría para la Generalitat, de unos 50 millones de euros más el dinero para los proveedores, no encaja en los número de la Administración, tal y como advierte el propio Instituto Valenciano de Finanzas. Por ello se espera que el informe de la Intervención tampoco resulte favorable a los planes de Puig.

Tantos son los problemas que están dando la Abogacía y la Generalitat, que el Gobierno valenciano invitó a sus representantes al cónclave que el Consell celebró a principios de julio en Torrevieja, con la intención de solicitarles que agilicen sus trabajos y plazos, de los cuales dependen muchas de las leyes y decretos del Gobierno.