Los médicos llevan a la Fiscalía tres casos de intrusismo profesional

Denuncian el aumento de las agresiones, sobre todo de las verbales, por parte de los pacientes

El Colegio de Médicos de Valencia (COMV) ha presentado ante la Fiscalía para su investigación dos posibles casos de intrusismo profesional de personas que habían abierto una consulta privada de atención médica general sin estar licenciados ni doctorados. A ellos se une un tercer caso que trasladará al ministerio público el próximo lunes.

Además, los galenos han intervenido en otros cinco casos de publicidad engañosa o de investigación de posible intrusismo que han cerrado sin necesidad de presentarlo ante la Fiscalía.

Así lo dio a conocer ayer el presidente de la comisión de intrusismo del COMV, Rafael Torres Collado, tras alertar de que este tipo de prácticas «ponen en riesgo la salud de las personas y atentan contra la dignidad de la profesión médica». Por ello animó a cualquier persona que tenga sospecha de que alguien pueda estar cometiendo este delito que lo denuncie de forma anónima ante el COMV o la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu). Asimismo, recomendó que, ante cualquier duda, llamen al Colegio para certificar que el profesional que les atiende está colegiado.

Por su parte, la presidenta de la entidad colegial, Mercedes Hurtado, lamentó que en 2016 continúa la tendencia de crecimiento de las agresiones a médicos, en especial de las verbales, que en 2015 aumentaron un 20 por ciento respecto al ejercicio anterior.

No obstante, consideró paradójico este incremento a pesar de que desde finales de 2014 la ley de Salud de la Comunitat Valenciana reconoce a los médicos como autoridad pública.

Esta situación les ha llevado a lanzar una campaña en las consultas médicas, donde colgarán carteles advirtiendo de las consecuencias de las agresiones y con el objetivo de concienciar a los pacientes de que los médicos están para «ayudarles con su salud y no son los responsables de los problemas que pueda haber, como las listas de espera».

En cuanto al borrador del anteproyecto de ley de atención al final de la vida, Hurtado señaló que se trata de «un tema muy complejo por las implicaciones éticas y deontológicas que tiene». Por ello considera que la consellera de Sanidad, Carmen Montón, debería consultar a las partes implicadas antes de su aprobación.