Los tropiezos de Marzà

El nuevo año escolar ha comenzado para Educación con cantidad de altercados que han llegado hasta los tribunales en diversos casos y que ponen en entredicho su gestión

Con la entrada de septiembre, llegó también el inicio de curso académico y el chaparrón que se le venía avecinando al conseller de Educación, Vicent Marzà, se hizo efectivo. El comienzo del nuevo año escolar ha llegado de la mano de la revisión de los primeros abriles del Consell del Botànic al mando, con todas las mutaciones en el sistema educativo valenciano que esto ha conllevado. Este aguacero -que ha sido más bien tormenta- ha dejado a la luz cantidad de cables sueltos que dejan el baremo de las primeras actuaciones efectivas y en masa que ha llevado a Marzà al suspenso como nota, especialmente por parte de la concertada, sector educativo más afectado por las políticas del tripartito.

RECORTE EN DOCENTES DE RELIGIÓN

A fecha de dos de septiembre, a poco más de una semana antes de empezar el curso, se hizo pública la decisión de la Conselleria de Educación de recortar los horarios del profesorado de religión.

El ajuste ha afectado a aproximadamente el once por ciento del total de 600 profesores de Primaria. Esto se traduce en que 70 docentes pasen de tener una jornada completa de trabajo a solo media, con el consiguiente recorte salarial. Entre diez y doce han perdido su destino definitivo y han quedado en una situación provisional. Del mismo modo, esta reforma ha dado lugar a itinerancias, por lo que profesores que antes impartían clase en un solo centro, han habido de buscar otro colegio para completar su jornada lectiva. Dado que no hubo una negociación formal antes de tomar la decisión y, además, la decisión de Educación contraviene el convenio colectivo vigente, los sindicatos docentes estudian acudir a los tribunales.

IMPLANTACIÓN DE LA JORNADA CONTINUA

Aunque una gran mayoría de los centros que convocaron elecciones el pasado día 15 para decidir sobre la implantación de la jornada intensiva acabasen aprobando la medida, no han sido pocos también sus críticos. Los sindicatos docentes de la enseñanza pública, como era de esperar, han defendido el cambio horario, desde el ámbito de la concertada el rechazo ha sido mayoritario.

Ya no solo porque el curso actual comenzase sin haber realizado la votación del cambio horario para este mismo curso, sino también por criterios psicopedagógicos y psicológicos -como que el cerebro de un niño no está preparado para el estrés provocado por tal concentración de materias-, por el riesgo del efecto reclamo hacia la concertada, que en su mayoría mantiene la jornada compartida, por la posible brecha social entre aquellos que puedan permitirse pagar las actividades extraescolares de sus hijos y los que no o, especialmente, por la dificultad de conciliación para las familias. La jornada intensiva cada vez gana más opositores. Esto es pausible dada la constitución de la Plataforma en Defensa de la Jornada Partida de la Comunidad Valenciana en Alicante, que ya ha interpuesto un recurso ante el TSJ -admitido a trámite- por su convencimiento de que este horario beneficia exclusivamente a profesores, que pueden concentrar su jornada laboral, y al Gobierno autonómico, por el ahorro que comportaría.

XARXA LLIBRES

La iniciativa que nació para asegurar la gratuidad de los libros de texto en la Comunitat también ha traído problemas en su segundo año de vida.

Esta vez, surge de la falta de organización. El primero de este mes, Conselleria emitió una ordenanza por la que aquellos centros concertados que dejaban de participar en el programa Xarxa Llibres durante este curso, debían traspasar los libros que tenían en su poder a otros centros del mismo carácter de su municipio o, en caso de no haber otro, al consistorio del mismo. La falta de especificación en el destino de los ejemplares ha llevado al inmovilismo de los colegios y a varias familias a comprar su propio material.

DECRETO DE ADMISIÓN

La Conselleria lo venían avisando antes de su llegada al poder con las críticas al sistema de distrito único impuesto por el Partido Popular que regulaba el decreto de admisión en los colegios de la Comunitat y al tripartito no le ha temblado la mano a la hora de acabar con él. Este régimen que permitía optar a un colegio de un barrio independiente al del lugar de residencia ha sido abolido, obligando a las familias a ceñirse a su zona residencial para escolarizar a sus hijos. Además, han sido eliminados puntos como el especial concedido por el colegio y el dado porque padres o hermanos fuesen exalumnos del centro.

Esta medida sumará un nuevo pleito jurídico a la lista de la Conselleria, ya que la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (Fcapa) presentó un recurso ante el TSJ que el pasado 17 de agosto fue admitido a trámite. La Federación considera que la reforma de Marzà supone una limitación y un recorte de libertad de las familias para elegir la educación que quieren para sus hijos.

PRÁCTICAS DE MEDICINA

Los alumnos que hayan iniciado sus estudios en Medicina o en Enfermería durante este curso en una de las universidades privadas de Valencia serán vetados de los hospitales públicos para hacer sus prácticas. También se verán afectados los alumnos de los grados de Fisoterapia, Farmacia, Psicología Clínica y Biotecnología.

De más queda contemplar que esta medida supuso desde su anuncio el pasado uno de junio, un aluvión de críticas y quejas de las entidades afectadas, así como de sus alumnos, hacia la Conselleria. Muestra de ello es la concentración de estudiantes convocada para el día 27 de este mes por los alumnos de 6º de Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

ANULACIÓN DE BECAS A LA PRIVADAS

El empeño de Marzà por acabar con la igualdad de ayudas oficiales para la pública y para la privada ha llevado a la Conselleria a retirar el derecho a beca a los estudiantes de la segunda.

Tal decisión ha desencadenado un tira y afloja entre las universidades públicas, quienes van de la mano del Consell, y las privadas. Tras la aprobación de la ordenanza, el CEU y la Universidad Católica de Valencia comenzaron una lucha judicial contra la administración pública. El conflicto se agravó cuando la UCV interpuso su recurso ante el TSJ por derechos fundamentales, el cual supuso la suspensión cautelar del sistema de becas para todo el alumnado -público y privado-. Como rebatimiento, la Conselleria recurrió la alegación de La Católica, con intención de desbloquear el sistema de becas.

Tras el inicio de curso en estas condiciones, y varias acusaciones cruzadas, la Conselleria y la UCV hablaron de un posible acercamiento en forma de reunión, pero dicha aproximación permanece congelada.

Por su parte, el conjunto de universidades públicas de la Comunitat Valenciana han decidido personarse para presentar reclamaciones jurídicas ante el recurso de la Católica e intentar descongestionar el recurso, al margen de la negociación entre este centro y la Conselleria dirigida por Marzà.

INFRAESTRUCTURAS POR MEJORAR

Las promesas del tripartito que garantizaban el fin de los barracones en los centros educativos valencianos, así como la de la construcción de 124 nuevos colegios han quedado en el aire. Solo ha comenzado o se ha planteado comenzar la edificación de 26 colegios y los barracones en lugar de desaparecer, se están multiplicando.

La Conselleria ha sacado a licitación la construcción de barracones escolares para 17 colegios públicos y ha encargado 29 aulas y otras dependencias escolares con los materiales prefabricados que tanto criticó Compromís desde la oposición. En total, son 116 centros de la Comunitat lo que disponen de módulos provisionales entre barracones y aulas prefabricadas.

Una de las situación más demandas es la del CEIP 103, el cual lleva nueve años impartiendo sus clases en estos reductos y que está emplazado al lado de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, uno de los lugares más turísticos de la ciudad de Valencia.

Tampoco se han dado soluciones efectivas a los problemas acaecidos por la ola de calor con la que comenzó el curso. En algunas aulas, en las que llegaron a alcanzarse los 31 grados, lo cual, dada la falta de acondicionamiento de la mayor parte de los centros, sin refrigeración, agravaron la situación con la que dio arranque este año lectivo. Los sindicatos consideraron que el comunicado de Conselleria en el que se daba un escueto protocolo de actuaciones no era suficiente y que lo realmente necesario era un plan de previsión y mejora de infraestructuras.

PLAZAS DOCENTES POR CUBRIR

Desde los sindicatos, la incidencia más denunciada fue sin duda la falta de plazas docentes por cubrir con el curso ya iniciado. Dado que la plantilla de profesores no estaba completa en muchos colegios, gran cantidad de estudiantes carecieron de alguno de sus docentes los primeros días de clase.

En algunos casos el año lectivo comenzó con hasta tres vacantes por cubrir porque Educación no las adjudicó para que estas fuesen ocupadas por un docente interino, según denuncian los sindicatos. Este mismo tipo de docentes, los interinos, fueron los que tuvieron que esperar hasta el día anterior de comenzar sus clases para conocer cuál sería su destino para este curso. La misma situación encontraron aquellos destinados a realizar sustituciones, aunque estos no habían de incorporarse hasta el día doce .

RETRASOS CON LAS BECAS

No fue hasta el pasado jueves, una semana después de iniciar el curso, cuando Educación anunció la lista definitiva de becados de comedor. Teniendo en cuenta que la lista definitiva no se publicará hasta el 30 de noviembre tras estudiar la totalidad de las alegaciones recibidas, la adjudicación de las ayudas por parte de la Conselleria, no ha sido muy eficiente.

Si finalmente se tiene en cuenta que la convocatoria de las becas de transporte, así como del bono infantil están todavía por resolverse, y que se deben tres mensualidades de este último del curso anterior, la gestión de Marzà, así como sus promesas de eficiencia y acortamiento en los plazos, quedan en evidencia.

PROFESORES QUE EJERCEN DE ENFERMEROS

Profesores y enfermeros han unido también sus fuerzas. El nuevo protocolo elaborado por la Conselleria de Educación y la de Sanidad por el que los maestros están en plena potestad para atender a aquellos alumnos que tengan problemas de salud crónicos o en situaciones de urgencias.

Son ya muchos los docentes que han demostrado en apenas dos semanas su malestar ante esta medida. Cecova denunció falta de experiencia por parte del profesorado, así como una incursión de estos en su campo laboral, -dado que estas funciones debería de realizarlas un enfermero de cada centro que Conselleria se niega a colocar por falta de presupuesto-. Los docentes corroboran esta situación.

El profesorado no cree tener la formación necesaria para realizar esta tarea y tiene miedo a posibles errores que pongan en peligro la salud de los menores y puedan implicarles a ellos mismos en pleitos legales. Pero, además, el temor de estos no viene solo por suministrar medicamentos sin formación en enfermería a los alumnos, sino de las posibles represalias por parte de la Conselleria en caso de que emitan protestas en contra de la medida.