Marzà ignora el informe que alerta de trampas en la admisión escolar

El pasado jueves se publicaron las listas provisionales de los alumnos admitidos en los centros públicos y concertados de Infantil y Primaria. El decreto que reguló el proceso fue el mismo que los tres últimos años a pesar de las serias advertencias que la Universitat de Valencia realizó sobre la manera en el que esté se ha estado desarrollando durante la última década.

La institución académica publicó el pasado mes de abril proyecto de investigación denominado «Mapa Escolar de Valencia» en el que analiza el proceso de admisión en la ciudad. El estudio, encargado por el Ayuntamiento, apuntaba la posibilidad de que algunas familias hiciesen trampas para lograr que sus hijos entrasen en el centro escolar deseado. «Los resultados de los procesos de admisión de los últimos diez años reflejan la existencia de irregularidaes en la concesión de puntos».

Uno de los aspectos sobre los que el estudio ponía el acento en «las concentraciones sorprendentes de alumnado con renta baja» en los centros concertados ubicados en zonas de la ciudad de alto nivel adquisitivo.

La alerta saltaba en determinados barrios de la ciudad, pero nada permite afirmar que no se produzca en otras áreas.

Desde la Conselleria de Educación, que dirige en funciones Vicent Marzà, se desentendieron ayer de este asunto. Aseguran que, tal y como indica el decreto que regula la admisión, es la Agencia Tributaria la que suministra la información sobre las rentas, «por tanto, la aplicación de cualquier medida para mejorar el sistema o para resolver las posibles anomalías la debe llevar a término Hacienda».

El estudio incide en que el porcentaje de alumnado con puntos por baja renta admitido en los centros privados con conciertos educativos es del 77,13 por ciento, «más de dos puntos porcentuales superior al de alumnado admitido en los de titularidad pública» y concluye, «en caso de no producirse irregularidades, resulta un criterio de asignación de puntos insuficiente».

La artimaña que corre de boca en boca

Las familias saben desde el día que nace su hijo cuál es el año de la renta que le pedirá la Conselleria de Educación para darle los dos puntos por «renta baja». Por tanto, buscar la manera de trampear es muy sencillo. Se presenta un declaración que cumple los requisitos (15.039,18 euros por miembro de la unidad familiar). Posteriormente, si piensen que no se pueden ocultar sus ingresos- en esto los que no son trabajadores por cuenta ajena no se suelen arriesgar- presentan una declaración complementaria para admitir el error cometido. La multa de Hacienda puede llegar, pero el alumno tiene dos puntos más en la baremación y por tanto, más puntos para ser admitido.