PP, dispuesto a cambiar la ley que prima a los grandes sindicatos

El grupo parlamentario popular estaría dispuesto a apoyar una modificación de la Ley 7/2015, de 2 de abril, de la Generalitat valenciana, de Participación y Colaboración Institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales, por la cual se suprimiera el requisito de mayoritario para tener acceso a las subvenciones.

A día de hoy, y después de la entrada en vigor del texto legal que fue aprobado por los «populares» con el apoyo de todos los grupos y la abstención de Compromís, solo cobran subvenciones emanadas de esta ley UGT y CCOO, y la Cierval en cuanto a organización empresarial. A partir de la modificación, cobrarían todas las organizaciones sindicales y empresariales con representación.

Esto incluiría a USO, CSIF, Intersindical y Sindicato Independiente (SI). Por la parte empresarial, se podría ampliar también el abanico con la entrada de otras organizaciones. La subvenciones que han cobrado los sindicatos mayoritarios y la organización empresarial en virtud de la Ley de Participación se cifra en 1,3 millones para cada central sindical, y 2,6 millones para Cierval.

Según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes del Parlamento, el sindicato Intersindical habría aprovechado el cambio de gobierno y de las consiguientes mayorías parlamentarias para solicitar a su partido afín, Compromís, que derogue o modifique la Ley de Participación Institucional.

La acogida de la propuesta en la formación nacionalista, lejos de celebrarse, ha abierto una guerra silenciada cuyas dimensiones aún se desconocen.

En un lado estaría la diputada y viceportavoz, Mireia Mollà, próxima a Intersindical, y que estaría apoyando esta modificación.

Frente a ella, la propia vicepresidenta del Consell y miembro de Compromís, Mónica Oltra, negó recientemente durante la celebración de un desayuno y a preguntas del líder del Sindicato Independiente (SI), que la Ley de Participación Institucional violara la libertad sindical.

Y por otra parte, también ha entrado en liza la opinión de Isaura Navarro, diputada de Compromís, que es a la sazón abogada de Comisiones Obreras.

Hay quien opina que la postura de Oltra podría variar y que la defensa de la Ley de Participación a preguntas del Sindicato Independiente, responde a una voluntad no verbalizada todavía de dar cobijo en la misma solo al sindicato Intersindical.

Otros, sin embargo, achacan la postura de Oltra al corsé institucional que la vicepresidencia le impone y que le ha hecho cambiar, incluso, su forma de vestir.

En cualquier caso, es evidente que una modificación de la ley que diera entrada no solo a otra organización empresarial, sino a varias organizaciones sindicales reportaría seria inestabilidad social al Consell, promovida por las organizaciones a las que antes alimentaba en exclusiva. Y esto es algo que la vicepresidenta debe evitar a todo costa.

Con lo que no contaba la Intersindical cuando comenzó la discreta ronda de contactos políticos era con el apoyo del Partido Popular, lo que ha hecho que la postura y reivindicación del sindicato gane enteros y no se descarta que en los primeros meses del próximo periodo de sesiones se presente la proposición de ley que modifique o derogue la que está ahora mismo en vigor.

En cualquier caso, lo lleve adelante el Parlamento o no, el problema lo hereda ahora el gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra.