El presidente de la Generalitat niega que su participación tuviera fines económicos, sino que compró acciones como ex trabajador

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró ayer no tener nada que ocultar por ser accionista minoritario de Pecsa, editora del periódico Mediterráneo de Castellón, en la que posee el 1,32 por ciento de las acciones desde el año 1984, que adquirió después de que fuera despedido como periodista.

Puig manifestó que ha actuado con transparencia cuando ha sido preguntado por esta cuestión y quien tenía que dar explicaciones, en referencia al director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, ya las ha dado.

Dijo no tener ningún problema en comparecer en Les Corts si se crea una comisión de investigación al respecto, pero insistió en que se han dado todas las explicaciones.

«No soy accionista de ningún grupo, soy accionista de una empresa, tengo el 1 por ciento de Pecsa», señaló en referencia a las acciones que posee en esta empresa de Castellón, ahora propiedad del Grupo Zeta.

Según explicó, tiene esas acciones desde 1984 al adquirirlas después de haber sido «despedido injustamente y por motivos políticos», como hicieron con otros compañeros, y no tiene que ver con una posición crematística, sino con la defensa de su puesto de trabajo.

Puig indicó que él no ha hecho ninguna operación como la realizada por un conseller de la etapa del PP que tenía el 9,99 por ciento de las acciones «para no llegar al 10 por ciento, en alusión a Vicente Cotino como accionista de 13TV.

Por primera vez en la Generalitat, dijo, hay un «sistema justo y equitativo de publicidad institucional», que puede mejorarse, pero que sigue unos criterios de «transparencia total, equidad, proporcionalidad y que no haya ningún desvío clientelar» como los que ha habido en la historia de la Comunitat Valenciana, donde con gobiernos del PP se ha producido «marginación y persecución directa de determinados medios de comunicación».

«Partidismo barato»

En otro orden de cosas, el jefe del Ejecutivo valenciano afirmó que la línea de subvenciones para los descendientes andaluces afectados por procesos de inmersión lingüística en otros territorios que dará la Junta de Andalucía es un intento de hacer «partidismo barato» y «confrontar».

Se refirió a este asunto al ser preguntado por la inclusión por la Consejería de la Presidencia de Andalucía de una línea de subvenciones para actividades y programas destinados a evitar un abandono de las raíces culturales entre los descendientes de andaluces en el exterior afectados por procesos de inmersión lingüística.

A su juicio, es «una opción política de disgregar, de confrontar, de intentar hacer partidismo barato de una cuestión que no tiene ningún tipo de virtualidad en la Comunitat Valenciana».

Aseguró que en la Comunitat «no se discrimina a nadie por razón de lengua» y dijo que si a la Junta de Andalucía «le sobra dinero para hacer cosas y ayudarnos en educación, encantados».

También consideró «irresponsable» confrontar a los ciudadanos por esta cuestión, más cuando las comunidades andaluzas en la Comunitat Valenciana «jamás» han dicho sentirse discriminadas por esto. «Hay muchos andaluces que han venido aquí y hablan valenciano y si no lo hablan, son respetados».