Rita Barberá: «Recibir y hablar con imputados no es delito»

VALENCIA- La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, nunca ha rehuido las preguntas acerca de su presunta implicación en el caso Nóos, pero no puede evitar demostrar lo mucho que le molestan las sospechas, evitando «entrar ahí», insistía ayer respecto a las acusaciones sobre su papel en una parte de la trama que investiga al duque de Palma, Iñaki Urdangarin. «No he firmado nada, ni aprobado nada, ni decidido nada» en el asunto relativo a la celebración de las jornadas deportivas Valencia Summit organizadas por el Instituto que dirigía el yerno el Rey.

No dejó claro si en marzo de 2004 llegó a reunirse en el palacio de La Zarzuela Urdangarin, su socio Diego Torres y el entonces presidente valenciano Francisco Camps para cerrar los acuerdos entre la Fundación y la Generalitat, pero dio pie a interpretar que así fue. «Da la sensación de que hablar con alguien que luego resulta imputado o condenado es un indicio de delito». Porque, de ser así, recordó que ella, como primera edil del Consistorio capitalino ha ejercido de anfitriona para algunos personajes que antes o después de los encuentros ha pasado por los tribunales y dio nombres. «He hablado con el juez Baltasar Garzón, los exministros José Blanco y José Barrionuevo o el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera».

Negó también que el juez instructor del caso Nóos, José Castro, le haya pedido información alguna sobre sus reuniones con el duque, para a continuación encomendarse al santo Job -que se celebraba ayer- en busca de «muchísima paciencia». Un referente al que Camps también recurrió durante el juicio que se le abrió dentro del «Caso Gürtel».

No renuncia al plan del Cabanyal

En otro orden de cosas, Barberá confirmó la «voluntad clarísima» del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de hacer efectivo el proyecto urbanístico que aprobó el Ayuntamiento para prolongar la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. Sin embargo admitió que esa voluntad ha encontrado «una barrera tremenda» en la Orden ministerial que paralizó el plan urbanístico en este barrio al considerarlo expolio, por «los problemas administrativos para modificarla e interpretarla».

A pesa de ello, confía en que el proyecto pueda realizarse en un «tiempo prudencial y razonable», porque, a su juicio, «no es lógico» esperar al pronunciamiento del Tribunal Constitucional porque hay «doce sentencias a favor, tres de ellas del Supremo», que avalan la actuación del Consistorio.