Sánchez cierra un acuerdo con el resto de partidos sobre el plan de obras

Se reservan inversiones para infraestructuras para todos los municipios incluidos los de menor tamaño, por lo que no se aplicará de manera proporcional el criterio poblacional.

La Junta de Portavoces de la Diputación de Alicante alcanzó ayer un acuerdo mayoritario sobre los criterios de distribución del Plan de Obras Financieramente Sostenible, que permitirá la inyección de 30 millones de euros en los 141 municipios de la provincia, que tendrán garantizada una inversión de al menos 90.000 euros.

Los municipios de 0 a 500 habitantes recibirán una ayuda de 90.000 euros; los de 501 a 5.000 habitantes, una subvención de 120.000 euros, los de 5.001 a 10.000 habitantes, un total de 150.000 euros; los que tengan una población de entre 10.001 a 20.000 habitantes, 200.000 euros, y, finalmente, los de más de 20.000 residentes, una ayuda de 240.000 euros.

Las subvenciones se articularán a través de una única convocatoria, a la que no podrán optar aquellos que ya hayan recibido ayudas gracias a este remanente, o una ayuda nominativa que supere la cantidad que les debería corresponder por el criterio poblacional.

Si no superan tal importe, podrán recibir el diferencial. El excedente que se genere, debido a la no utilización de la inversión, se incluirá en una nueva convocatoria de carácter extraordinario.

El Plan Extraordinario de Inversiones Financieramente Sostenible irá destinado a sufragar obras de urbanización de vías públicas, alcantarillado, alumbrado público, abastecimiento de agua, parques y jardines, reparación de infraestructuras y actuaciones de restauración forestal.

El vicepresidente y portavoz del equipo de gobierno popular, Carlos Castillo, destacó el esfuerzo de los grupos de la corporación provincial para llegar a un máximo consenso que garantice inversiones en todos los ayuntamientos.

El presidente de la Diputación, César Sánchez, anunció el martes que quería alcanzar un acuerdo con el resto de partidos. En un primer momento, PSOE y Compromís, defendieron que las ayudas debían darse estrictamente por un criterio poblacional y Sánchez advirtió de que esto marginaba a los pequeños municipios.