Sanidad anula las prácticas de la universidad privada en centros públicos

Las universidades privadas instaladas en la Comunitat Valenciana ya no podrán ofertar prácticas en hospitales públicos a sus alumnos matriculados en Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología Clínica, Farmacia y Biotecnología.

La decisión de la Generalitat valenciana de rescindir los convenios con la Universidad Católica, la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Universidad Europea implica que estas deberán suscribir acuerdos con hospitales privados si quieren mantener su oferta formativa en materia de ciencias de la salud.

Los consellers de Sanidad, Carmen Montón, y Educación, Vicent Marzà, fueron los encargados de anunciar ayer la adaptación al Real Decreto 420/2015 que conlleva la firma de nuevos convenios con las universidades públicas para que cada hospital esté adscrito a una única universidad, para lo que se seguirán, en primer lugar, criterios geográficos.

En cuanto a las universidades privadas, la ley no permite que sus alumnos reciban prácticas en centros públicos supervisadas por profesionales sanitarios de la Conselleria de Sanidad, por lo que la solución pasaría por que estas lleguen a acuerdos con los hospitales de gestión privada que estén acreditados para docencia universitaria. Ni siquiera existe ya la opción, planteada hace unos meses, de cobrar una tasa a los centros educativos privados que remitieran a centros públicos a sus estudiantes.

«La figura de tutor de prácticas solo tiene cabida entre entidades públicas», insistió Montón.

Así las cosas, la adaptación a la nueva norma contará con una importante excepción. La Generalitat asegura una solución transitoria para que los matriculados en centros privados antes del curso 2016/2017 puedan realizar sus prácticas en los públicos.

Pasado este periodo, la decisión del Gobierno valenciano deja fuera del sistema público de formación práctica a todos los alumnos que opten por la enseñanza privada. «Hay universidades privadas, como Navarra o Madrid, que cuentan con hospitales propios», aseguraba ayer Marzà para justificar que la novedad no tiene por qué afectar al sector privado ni a la calidad de su formación. Simplemente, argumentó, es el fin de una práctica irregular que permitió el anterior Gobierno del Partido Popular.

La noticia fue muy bien recibida por el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Andrea García, vicepresidenta de la organización territorial, subrayó que la adscripción de las universidades públicas a los hospitales públicos «garantiza una formación centrada en el estudiante y enfocada a las necesidades del paciente y del sistema sanitario».