Política

Solo dos de cada diez casos de violencia escolar acaba en denuncia

La plataforma Movimiento contra la Intolerancia denuncia que Ribó se comprometió a crear una oficina de atención a víctimas y termina la legislatura sin cumplir su palabra

Según el estudio realizado por Movimiento contra la Intolerancia, el año pasado se produjeron 106 incidentes y delitos de odio en aulas valencianas
Según el estudio realizado por Movimiento contra la Intolerancia, el año pasado se produjeron 106 incidentes y delitos de odio en aulas valencianas

La plataforma Movimiento contra la Intolerancia denuncia que Ribó se comprometió a crear una oficina de atención a víctimas y termina la legislatura sin cumplir su palabra

La plataforma Movimiento contra la Intolerancia advirtió ayer de que vivimos en un «ecosistema de intolerancia» en el que la intransigencia y la violencia escolar avanzan en toda España, especialmente en la Comunitat, de una manera «inquietante».

Esta es una de las conclusiones del «Informe Raxen 2018», presentado ayer en Valencia, y en el que se recoge que el año pasado se registró un total de 106 incidentes y delitos de odio en la Comunitat Valenciana, entre los que destacan los delitos de racismo y disfobia (que es la intolerancia contra personas que padecen algún tipo de discapacidad), además del notable aumento de denuncias en centros escolares.

«Si juntamos el aumento de intolerancia con el de violencia escolar podemos tener un flujo inquietante de aquí a 4 años», alertó el representante de la asociación, Esteban Ibarra, quien aseguró que esta situación se debe prevenir desde la educación, «ayudando a los jóvenes a desarrollar la tolerancia y el pensamiento crítico».

Se cree, según los datos registrados por la organización sobre delitos de odio, que estos únicamente representan el 11,5 por ciento del total, ya que, según la Unión Europea, solo se denuncia el 20 por ciento de este tipo de agresiones.

Ribó sigue sin cumplir

Esteban Ibarra criticó además la actuación del Ayuntamiento de Valencia, que tras un convenio de dos años de atención a las víctimas, ha terminado su colaboración con el anuncio de una oficina que iban a poner en marcha «pero que sigue sin existir», añadió.

Desde la organización creen que si se crea esta oficina, estará limitada ya que «nace dependiente de una institución» lo que según Ibarra «limitaría la actuación ante los posibles delitos racistas o sexistas que afecten a la entidad».

Por otra parte, el presidente de la ONG señaló que hasta 2018 no se habían registrado actuaciones de violencia reactiva, para añadir que «no hay nada que justifique la violencia» y que la única reacción es en el marco del estado de derecho.