«Soluciones exprés» a los desahucios sin expropiar

VALENCIA- «Soluciones exprés» frente a «expropiaciones exprés». Esta es la frase que utilizó el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para resumir la política de vivienda social que seguirá el Gobierno valenciano.

Al plan extraordinario de alquiler de vivienda públicas, pensado para atender a todas las personas que se han quedado sin vivienda por causa de un embargo o a aquellas que no pueden acceder a un piso, el Consell añadirá un nuevo acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Fabra explicó que este convenio servirá para conocer cuándo se va a producir un desahucio y ofrecer recursos a los afectados. «No pasarán ni una solo noche sin un tejado donde puedan cobijarse».

Bajo el plan extraordinario de vivienda se han entregado 139 viviendas, 44 para afectados un desahucio.

Estas cifras no satisficieron a la portavoz de EU, Marga Sanz, quien remarcó que la Comunitat Valenciana encabeza la clasificación de ejecuciones hipotecarias. Por ello, le ofreció al presidente un pacto para solucionar este asunto y le pidió que apoye la proposición de ley presentada por su partido que contempla medidas muy similares a las aprobadas por la Junta de Andalucía.

Fabra rechazó una ley que copie a la andaluza y sin entrar en pormenores acerca de la propiedad privada o las dudas sobre su constitucionalidad, aseguró que es «mucho más sencillo» dialogar con las entidades para que pongan a disposición del Ejecutivo viviendas en régimen de alquiler para personas con problemas económicos.

Pero si delicado es el asunto de las personas que pierden su vivienda, también lo es el de las víctimas del accidente de metro de 2006. El síndic de Compromís, Enric Morera, exigió explicaciones a Fabra sobre la manera en la que se trató a los afectados y le instó a reabrir las investigaciones dada la existencia de nuevas denuncias, entre otras, el hecho de que algún familiar haya dicho que el entonces vicepresidente del Consell, Juan Cotino, «quiso comprar su silencio ofreciéndoles hasta un trabajo».

Cotino, ahora presidente de Les Corts, ni se inmutó. No hizo gesto alguno que pudiera indicar que aquello iba con él. Fabra aseguró que en aquel momento el Gobierno que presidía Francisco Camps lo único que hizo fue ponerse a disposición de las familias para apoyarles en todo lo posible.

Con respecto a la posibilidad de abrir nuevas investigaciones le recordó que la Justicia ya se pronunció sobre las causas del accidente y concluyó que fue la velocidad la que provocó el terrible siniestro. Algunos miembros de la Asociación de Víctimas del Metro asistieron a la sesión. Su comportamiento fue impecable. Ni siquiera se notó su presencia.

Por su parte, el PSPV exigió al presidente que cambie su política en bienestar social y que dé marcha atrás, entre otros asuntos, al copago de medicamentos para los discapacitados.

Fabra aseguró que se crearán los «instrumentos complementarios» necesarios para atender las situaciones injustas que sufre este colectivo.

Actualmente hay 101 discapacitados que afrontan un gasto farmacéutico superior a cien euros al mes.