Tres ex consellers procesados por los contratos de Fitur

El juez José Francisco Ceres hizo público ayer el auto en el que da por concluidas las diligencias previas sobre la pieza separada del caso Gürtel que investiga la concesión de contratos para la elaboración de los expositores de la feria Fitur a la empresa Orange Market en los años 2005 a 2009.

En sus disposiciones finales, el togado declara terminadas y conclusas las presentes diligencias previas y estima que los hechos pueden constituir delitos imputados a las personas de Álvaro Pérez, conocido como «El Bigotes», Pablo Crespo, Francisco Correa, Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños, de tráfico de influencias, delito continuado de prevaricación, también de malversación de caudales públicos y fraude en las Administraciones públicas, así como de falsedad en documento oficial, que no sería aplicable -éste último- en el caso de Magariños.

Además, imputa a Milagrosa Martínez, Angélica Such, Vicente Rambla, Rafael Betoret, Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau como partícipes de un delito continuado de tráfico de influencias y continuado de prevaricación. A las dos primeras les imputa también un delito de cohecho pasivo.

También imputa a Ana Grau e Isaac Vidal como partícipes de un delito de falsedad en documento oficial, en relación con la proposición económica de Orange Market y acta de la Mesa de Contratación de 2006 para Fitur de 2007.

A Juan Bover, responsable jurídico de la Agencia Valenciana de Turismo (que el auto yerra y menciona como Francisco) se le imputa un delito de prevaricación en la feria de 2005.

A los tres cabecillas Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Francisco Correa los declara también copartícipes de un delito continuado de cohecho activo.

Por último, hay que añadir a Rafael Betoret, Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau un delito participado y continuado de malversación de caudales públicos y de fraude de la Administración Pública.

Por el contrario, el juez Ceres dicta el sobreseimiento provisional de los hechos por no estar acredita su participación en los mismos a Salvadora -Dora- Ibars, José Luis Izquierdo, Mercedes Orts, Rocío Perea y José María Casas.

En el caso de Dora Ibars, hace referencia a que su persona puede aparecer de nuevo en el transcurso de otras investigaciones, en cuyo caso se tomará las decisiones oportunas nuevamente.

Ceres dicta también en su auto dar traslado de su resolución al Ministerio Fiscal y a la acusación particular para que en el plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral formalizando el escrito de acusación o, en su caso, solicitar el sobreseimiento de la causa, algo de todo punto improbable, y les habilita «solo excepcionalmente» a solicitar diligencias complementarias, según dispone la Ley de Enjuiciamiento Criminal.